Polémica en la PNP: resolución de Arriola desata indignación por presunto favor a la ‘sombra’ de José Jerí

La reciente decisión del comandante general Óscar Arriola de modificar de manera excepcional el reglamento del examen de posgrado de la Policía Nacional del Perú (PNP) generó cuestionamientos internos y públicos, al interpretarse como una maniobra que vulnera la meritocracia y favorece intereses particulares en la cúpula policial.

La medida, oficializada mediante la Resolución N. 1014-2025, permite por primera vez que oficiales postulen a ascensos sin haber realizado el diplomado previo, hasta ahora requisito ineludible para progresar en la carrera policial. Este cambio impacta a más de mil quinientos oficiales en todo el país, según lo revelado por la periodista de investigación Karla Ramírez. Especialistas lo califican como un retroceso institucional y un golpe a la moral de la fuerza.

El efecto inmediato de la resolución se refleja en la indignación de numerosos oficiales, quienes invirtieron tiempo y recursos para cumplir con los requisitos tradicionales del proceso de ascenso. La reprogramación del examen para el 14 de diciembre y la sustitución del sistema computarizado por uno de lector óptico, que se considera más susceptible de manipulación, profundizan el malestar.

Según Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, la medida “aperturó la puerta para que estos que no tienen los cursos obligatorios puedan tener posibilidad de ascenso”, lo que representa una “intromisión política que, lamentablemente, no se debería dar”.

Excepciones, favoritismo y repercusiones en la carrera policial

El principal beneficiario de la excepción sería el comandante Jhonn Edwin Mendoza Chávez, conocido como “la sombra” del presidente interino José Jerí. Mendoza, integrante del círculo de seguridad de alta confianza del mandatario, ya había ascendido previamente a comandante sin realizar el curso de mayor. Ahora, con esta resolución, accede a una vía extraordinaria para continuar su carrera.

La situación recuerda episodios previos ocurridos durante el gobierno de Dina Boluarte, cuando se designó personal de seguridad presidencial en misiones internacionales sin cumplir los requisitos formales, relató Pérez Rocha a Latina Noticias.

Pérez Rocha advirtió que este tipo de decisiones afecta la moral y el prestigio institucional, y pone en riesgo la idoneidad técnica de quienes asumen cargos de mayor responsabilidad.

Además, subrayó que la injerencia política en los ascensos no es nueva, pero la actual resolución constituye una irregularidad inédita en la historia reciente de la PNP.

El abogado y director de La Voz del Policía, José Palacios, criticó duramente la medida en diálogo con Exitosa. Palacios sostuvo que la resolución “ha revivido muertos”, ya que otorga una oportunidad excepcional a quienes no cumplieron con los cursos requeridos, perjudicando a quienes sí lo hicieron.

Palacios destacó que la modificación del reglamento buscaba favorecer a un allegado al presidente Jerí, en referencia directa a Mendoza Chávez, y denunció que “no tiene la meritocracia que exige la carrera policial”.

La controversia se agrava porque Mendoza Chávez integra la comitiva oficial que acompañará al presidente Jerí a Ecuador el 12 de diciembre. Mientras tanto, cientos de oficiales que sí cumplieron con los requisitos ven frustradas sus expectativas de ascenso, situación que, según Pérez Rocha, genera descontento en toda la Policía Nacional en actividad.

El debate sobre la meritocracia y la politización de la PNP también llegó al Congreso. El legislador Guido Bellido ha presentado un proyecto de ley para reducir el tiempo de años de ascenso al grado inmediato superior, lo que, en opinión de Pérez Rocha, “transgrede la carrera policial” y profundiza los problemas estructurales de la institución. El exdirector de la PNP también advirtió sobre propuestas para dividir la Policía Nacional en dos cuerpos separados, lo que consideró “algo increíble” dado el déficit de personal y recursos.

En este escenario, la resolución firmada por Arriola se interpreta como un síntoma de la creciente politización del mando policial y de la erosión de los principios de mérito y legalidad. “Es que acá ya no existe el aspecto de meritocracia. Estamos viendo las intervenciones”, sentenció Pérez Rocha a Latina Noticias.