José Jerí acepta que apoyó leyes ‘pro-crimen’ y afirma estar dispuesto a corregirlas: “Soy consciente de lo que he votado”

El presidente interino José Jerí admitió este lunes haber respaldado parte del paquete de ‘leyes pro-crimen’, un conjunto de normas que impulsó el Congreso mientras presidía ese poder antes de asumir el Ejecutivo, y que diversos sectores consideran responsables de facilitar la actividad criminal.

“Soy plenamente consciente de lo que he votado”, declaró en diálogo con El Comercio, aunque afirmó que su administración está dispuesta a analizar con mayor profundidad dichas leyes y evaluar posibles modificaciones ante las inquietudes que existen en la sociedad.

Consultado sobre la conformación de la comisión encargada del análisis, Jerí explicó que, aunque ya se realizaron encuentros académicos, el proceso de debate proseguirá hasta contar con una evaluación objetiva. “Lo cierto es que lo que hemos anunciado es que íbamos a abrir un debate académico posterior a la vigencia de las normas”, precisó.

Añadió que, en las últimas semanas, el Ministerio de Justicia promovió un primer encuentro y que se prevé organizar nuevas actividades para un examen exhaustivo.

El mandatario sostuvo que, a partir de estos análisis, podrían surgir recomendaciones para el Congreso, con la finalidad de que sean discutidas tras el receso parlamentario. “Cada ley tiene que ser meditada y puesta realmente en contexto”, enfatizó.

Jerí descartó adoptar “una posición férrea y restricta de la defensa de una norma”, argumentando que “en la aplicación práctica es donde verdaderamente se da cuenta si es que la norma cumple su objetivo o no”.

“Ya hemos abierto como paso uno el debate a través del Ministerio de Justicia. Seguiremos en esa misma línea y al final de ello emitiremos una opinión. Y esa opinión puede ser (...) que solamente es una connotación política que le da un sector o verdaderamente hay algunas cosas que se puedan corregir. No nos cerramos en absoluto a nada, pero tiene que haber un debate serio y alejado plenamente de la etiqueta”, puntualizó.

Pedidos

El Colegio de Abogados de Lima afirma que al menos 13 leyes y un decreto legislativo aprobados por el Legislativo actual “atentan contra la seguridad ciudadana y protegen el crimen organizado e impiden el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho” en el país.

Las normas cuestionadas restringen la colaboración eficaz mediante plazos fijos y cortos para su culminación, excluyen la detención preliminar en casos sin flagrancia, limitan la duración de la prescripción penal al impedir que su suspensión exceda un año, y dificultan la persecución de delitos complejos como la corrupción y el lavado de activos.

Entre las iniciativas que Jerí respaldó figuran la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia, la protección de partidos políticos ante procesos por crimen organizado y cambios que obstaculizan la incautación de bienes de origen ilícito. También apoyó la prórroga de procesos de regularización minera, medida señalada como favorable a la minería informal.

Ninguna de estas leyes ha sido derogada por su gobierno, lo ha motivado movilizaciones de estudiantes universitarios, gremios laborales y organizaciones civiles en varios puntos de Lima, con numerosa presencia policial.

Transportistas de Lima Metropolitana y el Callao también han solicitado la anulación de estas normas y llevaron a cabo paros ante el avance del crimen organizado.

De igual manera, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales han instado a “revertir o modificar las leyes, políticas públicas y normas que han debilitado la democracia, el Estado de derecho y la capacidad de las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado”.