La Defensoría del Pueblo del Perú, en manos de Josué Gutiérrez, será sometida a una revisión especial por parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) para evaluar en profundidad si cumple con los estándares internacionales de independencia, eficacia y protección de los derechos fundamentales.
Esta decisión, adoptada por el Subcomité de Acreditación (SCA) de la GANHRI en Ginebra, representa un hecho inédito en la historia reciente del órgano peruano y eleva el nivel de escrutinio internacional. El proceso se llevará a cabo durante la 47.ª sesión del SCA en 2026 e involucrará tanto un examen de la legislación como de la labor práctica de la Defensoría, en contraste con los denominados Principios de París, que sientan las bases para el funcionamiento y la autonomía de los organismos nacionales de derechos humanos.
¿Por qué está en duda el cumplimiento de los Principios de París?
El informe oficial del SCA recoge que la Defensoría del Pueblo del Perú no respondió las observaciones y requerimientos planteados por la GANHRI. El Subcomité subraya que la ausencia de respuesta, tanto en la fecha inicial como en el recordatorio posterior, agrava la preocupación sobre el compromiso de la institución con la transparencia y la rendición de cuentas.
El documento incluye denuncias sobre la falta de transparencia en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia; posición adoptada respecto a la ley de amnistía; restricciones impuestas al acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como el deterioro de las condiciones laborales del personal de la entidad y la limitada presencia territorial de la Defensoría.
El abogado y exministro de Justicia Eduardo Vega Luna ratificó a través de X que la apertura de esta revisión es un mensaje claro sobre la preocupación internacional ante la situación peruana y que la falta de respuesta fue considerada una señal de alarma.
Impacto de la revisión de la Defensoría del Perú
En el plano internacional, la acreditación “A” de la GANHRI es señal de cumplimiento con los más altos estándares de independencia y eficacia en derechos humanos. Perú ha mantenido hasta ahora dicha acreditación, que permite a la Defensoría intervenir en foros internacionales y facilita la cooperación bilateral y multilateral en la materia. Sin embargo, el inicio de una revisión especial podría desembocar en la degradación de esta categoría o, en escenarios extremos, en la suspensión de la acreditación, lo cual afectaría gravemente la posición del país en la región y en los espacios multilaterales.
La revisión buscará determinar si la Defensoría sigue siendo una institución capaz de cumplir su mandato constitucional. El proceso también examinará su papel como Mecanismo Nacional de Prevención —responsable de prevenir la tortura y otros tratos inhumanos— y su capacidad para garantizar derechos laborales y sindicales de su propio personal.
“El SCA está especialmente preocupado por las denuncias relativas a la capacidad de la DPP (Defensoría del Pueblo de Perú) para desempeñar su mandato de manera eficiente, su independencia y credibilidad percibidas, así como su voluntad de abordar las violaciones sistémicas de derechos humanos. [...] A la vista de la información de que dispone, el SCA ha decidido iniciar una revisión especial de la acreditación de la DPP, con el fin de determinar si sigue cumpliendo los Principios de París”, sentencia el documento.
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