La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, envió un oficio al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solicitando que la institución acompañe y supervise el procedimiento que se sigue en el Congreso, luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe que recomienda inhabilitarla por diez años. Según afirmó, esta decisión se tomó aplicando criterios desiguales y vulnerando sus derechos constitucionales.
En el documento dirigido a la Defensoría, Espinoza explicó que el Informe Final de la Denuncia Constitucional 528 fue aprobado sin respetar las garantías mínimas del debido proceso. Recordó que todos los fiscales supremos estaban incluidos inicialmente en la investigación, pero solo se continuó el procedimiento en su contra. Para ella, esta diferencia de trato confirma que se ha actuado con arbitrariedad y que la acusación se sostiene sobre una premisa injusta.
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Además, señaló que el Congreso la ha convocado al Pleno para el 3 de diciembre, una citación que, según sostiene, refuerza el carácter político del proceso. Por ello, solicitó al defensor del Pueblo que verifique que el Poder Legislativo cumpla los límites constitucionales durante el trámite de la denuncia. Reiteró también que nunca participó, ni directa ni indirectamente, en los hechos que se le atribuyen y que los cargos penales que buscan imputarle carecen de sustento. Aseguró que se le pretende acusar incluso de delitos como falsedad genérica cuando la conducta cuestionada, afirmó, “sería atípica”.
Las irregularidades señaladas por Espinoza
Luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe en su contra con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, Espinoza detalló una serie de presuntas irregularidades que, según dijo, evidencian que existió un trato diferenciado frente a los demás fiscales supremos también involucrados. La denuncia comprendía originalmente a Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Espinoza; sin embargo, las votaciones respecto a los tres primeros tuvieron una mayoría de abstenciones, lo que dejó abierta la resolución de sus casos. En cambio, cuando se debatió su situación, la mayoría parlamentaria apoyó la sanción.
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“Están corriendo contra mí. A los demás colegas los han salvado. Pero contra mí, sí. ¿Por qué? Porque es venganza. Es venganza política”, afirmó.
Otro punto señalado fue que los lineamientos sobre la conducción de la investigación preliminar —motivo central de la acusación— no fueron elaborados por la Junta de Fiscales Supremos. Según indicó, esa instancia no aprueba directivas institucionales, por lo que resulta incorrecto atribuirle responsabilidad. “Miren la manera como han votado en un caso en el que yo no he tenido ninguna participación”, señaló, subrayando que estos documentos ya estaban en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
También criticó que la sesión en la que se revisó su caso no fuera transmitida en vivo, lo que para ella constituye una violación al debido proceso. Aseguró que la falta de transparencia provocó nulidades que no fueron reconocidas. “Ya han atropellado bastante mis derechos fundamentales (…) Incluso, recordarán muchos que se interrumpió. No quisieron que se transmita en vivo”, cuestionó.
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Mientras el Congreso programó para el 3 de diciembre el debate final de su inhabilitación, Espinoza alertó que el país podría enfrentar consecuencias institucionales si el Pleno aprueba la sanción. “Y si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura parlamentaria”, advirtió.
Relatora de la ONU manifiesta preocupación
Las observaciones de Espinoza han despertado preocupación internacional. Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, publicó un pronunciamiento alertando sobre el impacto que este proceso podría tener en la autonomía del sistema de justicia peruano. Señaló que las medidas adoptadas en su contra, entre ellas su suspensión, la reducción de su seguridad personal y las decisiones tomadas en el Congreso, representan “una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procesos judiciales”.
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La relatora recordó que existe una orden judicial que dispone la reincorporación de Espinoza al Ministerio Público, pero que entidades como la Junta Nacional de Justicia y el Congreso han impedido su retorno. Consideró que esta conducta muestra una escalada de hostigamiento contra la fiscal suprema y compromete seriamente el principio de independencia judicial.
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