Edgard Reymundo, del Bloque Democrático Popular (BDP), presentó el proyecto de ley 13478 para que los predios, cuya titularidad pertenezca a los comedores populares, y formen parte del Programa de Complementación Alimentaria, no pagarán predios.
En este caso, no se considera como uso para fines lucrativos estos emprendimientos llevados a cabo por organizaciones sociales de base a cargo de los comedores e impulsados por los programas públicos correspondientes.
De acuerdo con el documento, el objetivo es fortalecer el servicio de alimentación que ofrecen estos establecimientos. Para lograrlo, se tendría que modificar el artículo 17° de la Ley de Tributación Municipal.
Justificación
Reymundo explica que si estos establecimientos no paguen impuestos prediales, se podría generar un impacto económico porque se deja de recaudar un impuesto. Se proyecta, dependiendo del tamaño, que esta inafectación generaría que se dejan de recaudar aproximadamente S/ 13.5 millones, esto sobre el escenario que todos los comedores pagan el predial.
La recaudación de los gobiernos locales por impuesto predial ascendió en el 2024 a poco más de S/ 3.000 millones. Es decir, el 0.45% que se vería afectado de los ingresos de los gobiernos locales. Sin embargo, también cita ventajas, como las siguientes:
- Hay más posibilidades para formalizarse y poder acceder a los beneficios con que cuentan.
- Fortalecimiento de su capacidad de operación y de mejor desarrollo del programa de complementación alimentaria.
- Mejora la capacidad institucional y la de generación de emprendimientos, que contribuye a la generación de ingresos.
El legislador también detalla que a la fecha existen más de 14 mil comedores populares en el país, que atiende alrededor de 800 mil personas. “El estado ha ido apoyando a estas organizaciones y apoyándose en las mismas a fin de establecer una estrategia de atención en el servicio alimentario”, sostiene.
“No solo ha ido priorizando su atención, sino, además, ha procurado el fortalecimiento de las mismas, entendiendo que contando con una red articulada de organizaciones le permitirá apoyarse para ejecutar acciones vinculadas a mejorar la alimentación de los ciudadanos, en especial de las personas vulnerables”, añadió.
Inseguridad en comedores
El distrito limeño de San Juan de Lurigancho ha registrado un incremento en robos que afecta a comedores populares y ollas comunes, este año, lo que pone en riesgo la alimentación de familias en riesgo social.
Como respuesta a los incidentes, se habilitó un espacio alternativo en el comedor Santa Elizabeth, muy cerca del local afectado, permitiendo la pronta reactivación del servicio. Además, la ONG ADRA entregó más de 300 kilos de alimentos en coordinación con las autoridades, lo que permitió restituir el abastecimiento esencial para la comunidad.
De manera complementaria, personal sanitario de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) brindó asistencia psicológica a las responsables del comedor violentado, sumando así una atención integral que contempla tanto el funcionamiento del servicio como la salud emocional de las personas involucradas.
En San Juan de Lurigancho funcionan 329 comedores populares que atienden a 28,627 beneficiarios y 399 ollas comunes que alcanzan a 2 mil 451 usuarios vulnerables. El Mininter y el Midis recalcaron que la prioridad es no detener actividades pese a la inseguridad, consolidando una estrategia multisectorial que incluye patrullaje policial, canalización rápida de donativos y acompañamiento constante a estas organizaciones.
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