La construcción del Anillo Vial Periférico, una de las obras más grandes de infraestructura urbana en Lima y Callao, ha reactivado tensiones en San Juan de Lurigancho (SJL), donde decenas de familias aseguran estar bajo presión para abandonar sus viviendas. Los vecinos sostienen que no rechazan el proyecto, pero sí las condiciones en las que se estaría llevando a cabo el proceso de adquisición de predios.
Mientras en Independencia ya se han tapiado puertas y ventanas de casas adquiridas previamente por el Estado, residentes de SJL denuncian que la situación en su distrito es distinta. Según denunciaron a La República, reportan falta de notificaciones formales, visitas sorpresivas de funcionarios y presiones para firmar acuerdos de trato directo sin información completa sobre compensaciones o reparaciones.
La preocupación del megraproyecto radica en el impacto que dejará a su paso en las familias del distrito. SJL, al igual que ocurrió en Independencia con el llamado “Barrio Fantasma”, cientos de viviendas deberán ser expropiadas para levantar los cimientos de la autopista que atravesará varios distritos. Para muchas familias, esto implica el riesgo de perder su hogar, su sustento y su estabilidad sin garantías claras sobre su futuro.
Amedrentamientos, amenazas y un caso archivado de agresión
Los testimonios de los dirigentes vecinales reflejan un clima de tensión prolongado. Avelino Santiago Rivera, vecino de Lurigancho-Chosica, afirmó a La República que su asentamiento de 85 viviendas enfrenta al menos 30 predios en riesgo de expropiación. Según su relato, funcionarios y representantes del proyecto habrían llegado a las casas sin avisos previos, tocando puertas en horarios intempestivos e incluso asustando a menores de edad.
Otro dirigente, identificado como Hidalgo Moreno, denunció que representantes del MTC y de la empresa concesionaria llegan con policía y aseguran que, si los vecinos no firman el trato directo, “más adelante no recibirán nada”. Señaló además que fue agredido físicamente durante un altercado con personal de seguridad del concesionario. Indicó que presentó pruebas de golpes y lesiones, pero la Fiscalía archivó el caso sin abrir investigación.
Las ofertas del megaproyecto
El Anillo Vial Periférico contempla una autopista de 34,8 kilómetros que conectará doce distritos de Lima y Callao, con tres tramos que incluyen túneles, viaductos y accesos a vías clave como Panamericana Norte, Panamericana Sur, Ramiro Prialé y la Carretera Central. La obra promete reducir tiempos de viaje e integrar zonas densamente pobladas con servicios esenciales.
En mayo del 2024, el MTC explicó que los propietarios que accedan al trato directo recibirán el valor comercial del predio más un 20% adicional, además de compensaciones por perjuicio económico en caso de daño emergente o lucro cesante. El ministerio también señaló que, si los propietarios rechazan el trato directo, se ingresará a proceso de expropiación, bajo marco legal vigente.
Los vecinos insisten en que no se oponen al proyecto, pero rechazan la forma en que se estaría ejecutando la fase previa a la expropiación. “La población no quiere vender su casa. Lo que quiere es conciliación y reparación de daños por los hostigamientos”, declaró Moreno a La República.
El temor por perder sus hogares
Los vecinos temen quedarse sin opciones ante un eventual desalojo. Afirman que el mercado inmobiliario en la zona es inaccesible y que no existen alternativas reales de reubicación. “No quieren vender porque, ¿a dónde van a ir? Las grandes constructoras dijeron que ya no hay terrenos para departamentos”, comentó Moreno.
Familias completas aseguran vivir en incertidumbre desde hace más de un año, sin información clara sobre las fechas, montos de compensación ni el procedimiento oficial que seguirá el Estado.
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