La Cancillería peruana anunció la aplicación de medidas urgentes para reforzar la seguridad en las fronteras. Fue el canciller Hugo de Zela quien señaló que, por instrucción del presidente transitorio José Jerí, se prioriza el control en los pasos limítrofes frente al aumento sostenido de la entrada de migrantes desde países vecinos.
De Zela indicó que la preocupación por la migración ha crecido, ya que los flujos “se han incrementado sustantivamente”, y remarcó que el país suma ya más de un millón y medio de migrantes en los últimos años.
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El funcionario precisó que, ante la falta de capacidad para continuar recibiendo grandes cantidades de personas, el Ejecutivo articula esfuerzos con otros sectores del Gobierno de Perú y refuerza la vigilancia.
El canciller enfatizó el papel de la coordinación con gobiernos de la región para buscar respuestas conjuntas al fenómeno migratorio.
Coordinación internacional y respuesta colectiva
De acuerdo con Agencia Andina, De Zela subrayó que este desafío refuerza la necesidad de trabajo conjunto con países limítrofes y organismos globales dedicados a asuntos migratorios y de refugiados.
“No escatimaremos esfuerzos para resguardar nuestras fronteras”, afirmó. El anuncio busca evitar una mayor presión sobre la infraestructura del país y dar respuesta coordinada, ante lo que catalogó como “capacidad desbordada” de atención nacional.
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Órdenes de expulsión en el 2025
La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que se han emitido más de 3.000 órdenes de expulsión a extranjeros que ingresaron de forma irregular o vulneraron la seguridad migratoria en Perú durante 2025.
Estas medidas se ejecutaron mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), proceso que permite la expulsión en un plazo máximo de veinticuatro horas tras comprobar el ingreso ilegal o la existencia de conductas consideradas un riesgo para la seguridad nacional y el orden interno.
La cifra refleja la extensión del problema en zonas fronterizas y urbanas: el 34,92% de las expulsiones se dio en Tumbes, el 21,37% en Piura, el 15,35% en Chiclayo, el 8,93% en Lima y el 6,35% en Puno.
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La aplicación del PASEE se desarrolla en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), que cuenta con unidades especializadas para la ejecución de las expulsiones, conforme a los protocolos de las autoridades migratorias.
La política de control migratorio se reforzó a través de 6.166 operativos de verificación y fiscalización a nivel nacional. Estas acciones se concentraron principalmente en Puno, Tumbes, Lima, Tacna, San Martín, Junín y Arequipa.
En cada intervención se revisaron documentos y la situación migratoria de los extranjeros usando tabletas electrónicas conectadas a la base de datos de Migraciones, lo que permitió validar en tiempo real identidades y detectar alertas.
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En el marco del estado de emergencia, se ejecutaron noventa órdenes de expulsión en el primer mes solo en Lima y Callao, y se realizaron 684 operativos adicionales en otras regiones, revisando la situación de más de 17.360 extranjeros. Las acciones continuarán con la prórroga del régimen de excepción anunciada por el Ejecutivo para fortalecer la seguridad pública.
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