Gobierno de José Jerí pide al Congreso facultades legislativas para reorganizar el Inpe

El gobierno de José Jerí presentó el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República. Entre los temas que se tocan en el documento se encuentra la reorganización absoluta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Alvarez, mencionó en diálogo con Canal N que esperan que el Parlamento atienda el pedido en los próximos días.

“Hoy ingresamos el proyecto de ley para solicitar legislación delegada al Congreso, esperamos que en el transcurso de la próxima semana nos otorguen las facultades. Entre estas facultades está una medida concreta y es la reorganización absoluta del INPE”, sostuvo.

Sobre la salida del actual jefe de la institución, Iván Paredes, comentó que la reorganización lo contemplaría, por lo que se "entiende que sí“. De acuerdo con el premier, se presentó este pedido de facultades luego de que el Poder Ejecutivo inspeccionaran penales para hacer requisas y reubicar internos considerados peligrosos.

El paquete legislativo incluye 58 medidas, de las cuales al menos 27 se refieren exclusivamente al tema de seguridad ciudadana, las cuales, asegura, han sido discutidas con técnicos, generales en retiro y expertos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El titular de la PCM también mencionó que habrá una reubicación de internos, teniendo penales de alta seguridad y con agentes con experiencia y bien pagados, mientras que los internos primarios estarán en otros ambientes o cárceles diferentes. “Han ido pasando filtros y las medidas que estamos proponiendo son medidas lógicas y audaces”, dijo.

Propuesta se venía trabajando

El gobierno de José Jerí ya venía estudiando la propuesta de reorganizar el Inpe desde semanas atrás. En noviembre, por ejemplo, el Ejecutivo analizaba la posibilidad de declarar en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario como una medida frente al aumento de la criminalidad en el país.

Así lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien precisó que la iniciativa respondía a la necesidad de implementar una reestructuración integral del sistema penitenciario y combatir la actuación de bandas criminales desde el interior de las cárceles.

En ese momento, señaló que la decisión se fundamenta en el hallazgo de que líderes de organizaciones delictivas continúan coordinando actividades ilícitas desde prisión. El acceso ilegal a internet a través de antenas clandestinas portátiles ha permitido que estos internos mantengan sus operaciones, lo que representa un grave desafío para las autoridades penitenciarias. Por esta razón, la declaratoria de emergencia busca interrumpir estos canales de comunicación y reforzar el control en los centros penales.

Entre las acciones propuestas destaca el traslado de reos considerados de alta peligrosidad a establecimientos como Ancón I y Lurigancho. El titular de la PCM argumentó que el personal de estos penales tiene experiencia en el manejo de internos peligrosos, lo que facilitaría la gestión y evitaría posibles situaciones de hacinamiento que actualmente afectan al sistema carcelario peruano.

Otra medida planteada es la implementación del uso de polígrafo para el personal penitenciario, a fin de identificar posibles actos de corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Álvarez explicó que esta herramienta, aunque no constituye prueba legal, puede ofrecer indicios importantes para iniciar investigaciones administrativas o penales en casos de sospecha de conducta indebida entre funcionarios y agentes de seguridad.