La residencia de la embajada de México en San Isidro amaneció este viernes bajo un inusual despliegue policial, luego de que el Poder Judicial dictara cinco meses de prisión preventiva contra la expremier Betssy Chávez. La presencia de agentes en los alrededores —que solía limitarse a uno o dos efectivos— se elevó de manera significativa. En total, siete policías resguardaban el ingreso principal durante la mañana, acompañados por patrulleros de la comisaría de Orrantia y de la División de Emergencia.
El aumento del resguardo ocurrió minutos después de conocerse la decisión del juez Juan Carlos Checkley, quien revocó la comparecencia con restricciones que Chávez mantenía hasta ayer. Según el magistrado, la exjefa de gabinete incumplió reiteradamente las reglas de conducta al faltar al juicio oral por el golpe de Estado y omitir su asistencia al control biométrico. “El peligro de fuga es palpable y el riesgo de frustración del juicio oral resulta evidente”, sostiene la resolución que ordena su captura nacional e internacional.
En los exteriores de la sede diplomática, la policía continúa recibiendo refuerzos. A las unidades iniciales se sumaron otros vehículos, elevando a tres los patrulleros estacionados en la zona. El movimiento policial contrasta con la aparente calma al interior de la residencia, donde Chávez permanece asilada desde hace casi un mes a la espera de un salvoconducto que el Gobierno peruano se ha negado a otorgar.
Captura nacional e internacional contra Betssy Chávez
El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó cursar los oficios correspondientes a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Interpol para ejecutar la ubicación y captura de Betssy Chávez.
En su decisión, Checkley subraya que “resulta evidente que la acusada Chávez Chino incumplió con las restricciones impuestas de control biométrico cada siete días y omitió asistir a las citaciones judiciales realizadas”. Debido a ello, determinó que ya no era viable mantener la medida de comparecencia restringida.
El documento también recuerda que, desde el inicio de la investigación preparatoria, la Corte Suprema advirtió un “peligro latente de fuga y obstaculización”. Menciona antecedentes como el intento de dirigirse a la embajada mexicana tras el golpe, el retiro irregular de equipos de la PCM y la ocultación de su celular durante las horas más críticas del proceso.
La prisión preventiva se dicta en medio de una compleja tensión diplomática entre Perú y México. El asilo concedido a Betssy Chávez se suma a la disputa abierta entre ambos países, que comenzó cuando México otorgó asilo a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo.
La postura del Gobierno: no habrá irrupción en la embajada mexicana
Pese al nuevo mandato judicial y al incremento del resguardo policial, el Gobierno peruano descartó de manera categórica la posibilidad de ingresar por la fuerza a la embajada de México para detener a Chávez. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aclaró que el Ejecutivo actuará solo bajo el marco del derecho internacional.
“El Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país (…) mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas, eso sí está descartado”, declaró Álvarez a Canal N. Sus declaraciones se dieron un día antes de la orden de prisión preventiva, pero la posición oficial no ha variado.
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