El Gobierno formalizó el pedido de extradición del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, prófugo desde el 2018, para que sea procesado en el Perú por el presunto delito de cohecho activo genérico y por otros hechos vinculados al caso de corrupción judicial conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”. La decisión se materializa a través de la Resolución Suprema N.º 254-2025-JUS, publicada con la firma del presidente José Jerí y los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores.
La resolución se sustenta en el informe remitido por la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, así como en la opinión consultiva de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que el 1 de octubre declaró procedente el pedido de extradición formulado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Corrupción de Funcionarios de Tumbes. Con ese visto bueno, el Ejecutivo confirma su decisión de enviar la solicitud al Reino de Bélgica, país en el que Hinostroza permanece desde hace varios años.
La resolución recuerda que la Constitución establece que la extradición solo puede disponerse por el Poder Ejecutivo, previa opinión del Poder Judicial.
Los delitos por los que será procesado
Mientras avanza el trámite diplomático, Hinostroza aún enfrenta en Perú una orden de 36 meses de prisión preventiva por delitos como patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. Para el Ministerio Público, el exjuez es una de las figuras centrales en la red que presuntamente articulaba influencias, favores y gestiones ilícitas en el Poder Judicial y el Ministerio Público para favorecer nombramientos, ratificaciones y resoluciones.
El sustento del pedido de extradición incluye, entre otras imputaciones, su presunta participación para influir en el nombramiento de Verónica Rojas, tras coordinar con el exconsejero Iván Noguera; la designación de Maico Reyner Fernández Morales, en una intervención con Walter Ríos; la ratificación del juez Ricardo Chang Racuay, en coordinación con Noguera, Guido Águila y Julio Gutiérrez; y la supuesta intervención a favor de William Alan Franco Bustamante para un cargo en la Corte Suprema.
Los audios que revelaron la red de corrupción
La figura de Hinostroza quedó marcada en 2018 tras la difusión de audios que revelaban coordinaciones irregulares en el sistema judicial. Uno de ellos generó un fuerte rechazo nacional: el exjuez se refería con frialdad a un caso de violación sexual de una menor de edad, preguntando qué deseaba la parte denunciada:
“¿Que le bajen la pena o lo declaren inocente?”. La revelación de estos audios desencadenó una reforma judicial de emergencia, la disolución del entonces Consejo Nacional de la Magistratura y múltiples investigaciones por corrupción en distintos niveles del sistema de justicia.
Antes de que avanzaran las investigaciones, Hinostroza huyó del país cruzando clandestinamente la frontera de Tumbes hacia Ecuador. Desde allí viajó a España, donde intentó refugiarse, y finalmente se trasladó a Bélgica, donde permanece hasta hoy. La Interpol ya confirmó que no emitirá una notificación roja debido a la prohibición de intervenir en casos potencialmente considerados “políticos”, por lo que el Perú deberá lograr su entrega únicamente a través de canales diplomáticos.
La reaparición de Hinostroza
En una reciente audiencia ante la Sala Penal Permanente, Hinostroza reapareció y alegó ser víctima de persecución política, cuestionando la prisión preventiva impuesta en su contra en 2018. Afirmó que no existen garantías en el país y que el pedido de extradición demostraría una supuesta contradicción judicial, mientras el juez César San Martín le exigía limitarse al tema en discusión.
Con la resolución ya aprobada, el Ministerio de Relaciones Exteriores iniciará las gestiones diplomáticas ante Bélgica para materializar la extradición. Si el proceso avanza sin impugnaciones en el país europeo, Hinostroza podría ser entregado al Perú para enfrentar los juicios que lleva pendientes desde hace más de siete años, en uno de los casos de corrupción que marcó un punto de quiebre en la confianza pública sobre la administración de justicia.
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