La minería impacta el 16,5% del territorio peruano y afecta directamente a un 35% de las tierras comunales, según se detalló en el reciente diálogo “Datos geoespaciales para la defensa territorial: evidencias sobre los impactos en territorios indígenas”, realizado en Lima y organizado por el Instituto del Bien Común (IBC) junto a la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra.
El evento contó con el respaldo de la International Land Coalition y expuso preocupaciones sobre la expansión tanto de la minería formal, como informal e ilegal, particularmente en los corredores mineros de Madre de Dios y el sur andino.
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Minería avanza sobre tierras comunales en Perú
Especialistas advirtieron que el 90% de las tierras comunales campesinas en Perú carecen de georreferenciación, fenómeno que agrava la inseguridad jurídica de los territorios y facilita la apropiación de tierras por terceros. El caso de la provincia de Espinar, en Cusco, revela el alcance del problema: el 47% de la superficie provincial está hoy bajo concesión minera y solo una décima parte de las comunidades han logrado georreferenciar su territorio.
Además, según el estudio presentado por Pedro Tipula y Miluska Carhuavilca del IBC, el desorden en el manejo y actualización de la información territorial limita el acceso a datos clave para la defensa comunitaria. Pese a que entidades estatales manejan grandes volúmenes de información, la ausencia de interoperabilidad y actualización imposibilita una reacción eficaz ante la amenaza extractiva.
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En el análisis participaron investigadores como Alejandro Diez (Cisepa-PUCP), quien subrayó que la inseguridad territorial se traduce en desprotección ambiental y debilita la capacidad de respuesta de las comunidades. La fragmentación interna y la presión de la minería complican la organización comunal, mientras la falta de tecnología y capacitaciones adecuadas obstaculiza la defensa de los derechos colectivos. Se destacó que las plataformas abiertas y colaborativas pueden fortalecer la protección de los ecosistemas, siempre que vayan acompañadas de soporte técnico y acceso a la información.
El 35% de tierras comunales peruanas bajo presión minera, según IBC
De acuerdo con la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, coordinada por Luis Hallazi, aproximadamente un tercio del territorio peruano está gestionado oficialmente por comunidades campesinas y nativas, aunque casi la mitad de esta superficie ya ha sido concesionada a la minería.
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En áreas como Madre de Dios, un 22% del territorio departamental se encuentra bajo concesión minera, y la deforestación atribuida a esta actividad superó las 135.000 hectáreas durante 2025. Tanto en la Amazonía como en la sierra, los representantes comunales advirtieron sobre la profundización de las divisiones internas en las comunidades, venta de tierras y el debilitamiento organizativo, lo que facilita el avance minero y reduce la autoridad estatal en la zona.
Testimonios recogidos durante el evento evidenciaron el alcance social y ambiental del problema. Ronald Boram, presidente de la comunidad San José de Karene (Madre de Dios), denunció que el 60% de su territorio ha sido afectado por concesiones, lo que ha propiciado conflictos, contaminación y alteraciones en la salud de la población local. Boram responsabilizó al Estado por promover concesiones sin garantías adecuadas y por criminalizar a los defensores.
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Madre de Dios y Espinar, epicentros del conflicto minero
En Espinar, Leonarda Zinanyuca, secretaria general de la FUCAE, relató que la presencia minera ha generado disputas de límites, desaparición de comunidades y aumento de la pobreza. Narró que los líderes sociales enfrentan procesos judiciales por oponerse a estas actividades, mientras la provincia sigue rezagada en salud, educación y servicios básicos. El diagnóstico se repite en toda la región sur, donde la Federación Departamental de Comunidades Campesinas (FDCC) sostiene que la entrega de concesiones se realizó sin consulta ni participación comunal.
La situación abordada en el foro refleja una tendencia nacional que afecta a comunidades indígenas, campesinas y nativas en 21 departamentos. El reclamo común de las organizaciones enfatiza la urgencia de garantizar la georreferenciación, actualizar los registros públicos y reconocer el derecho de consulta previa, para evitar la ampliación de los impactos mineros y asegurar la protección ambiental y los derechos territoriales colectivos.
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