La fiscal provincial penal de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, denunció que desde mediados de octubre recibe mensajes amenazantes por parte de una organización que busca apartarla del proceso que lidera contra la banda Los Chukys de Juan Pablo II. Los mensajes, firmados por un grupo que se hace llamar Los Pepes, advertían represalias si la representante del Ministerio Público continuaba con la investigación que permitió la detención de siete presuntos miembros de esa organización.
Haro Pinto hizo pública la denuncia para evidenciar el riesgo que enfrentan los fiscales en zonas afectadas por la criminalidad. La magistrada señaló que no permanecerá en silencio frente a las amenazas y pidió que se fortalezca la seguridad para quienes enfrentan al crimen organizado.
Operativo en San Juan de Lurigancho permitió ubicar el celular usado en la extorsión
Durante un operativo realizado la madrugada del 1 de noviembre, agentes de la División de Investigación de Robos y de la Dirección de Inteligencia intervinieron dos viviendas en San Juan de Lurigancho, donde decomisaron armas de fuego, equipos celulares y otros objetos relacionados con una red de extorsión. Entre los teléfonos incautados se halló uno vinculado directamente al número desde el cual se enviaron las amenazas a la fiscal Haro.
Fuentes policiales informaron que este hallazgo es clave para identificar a los autores de las intimidaciones. Los equipos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para realizar las pericias que determinarán la vinculación entre los celulares incautados y los cabecillas de la organización. Las primeras investigaciones apuntan a que los responsables formaban parte de una estructura que también extorsionaba a comerciantes de la zona.
Fiscalía y Policía confirman más casos de hostigamiento a operadores de justicia
El hallazgo del celular permitió descubrir un patrón más amplio de amenazas contra integrantes del Ministerio Público. En total, se identificaron tres números telefónicos relacionados con denuncias por extorsión. El primero corresponde a la fiscal Haro; el segundo, a otro fiscal del Distrito Fiscal Lima Este; y el tercero, a tres comerciantes de mercados locales que denunciaron haber sido presionados por las mismas redes criminales.
El fiscal Jorge Chávez Costrina, coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, informó que existen al menos 25 fiscales extorsionados a nivel nacional. Explicó que las amenazas buscan interferir en las investigaciones y debilitar el trabajo de quienes persiguen a organizaciones dedicadas al sicariato, la extorsión y el cobro de cupos.
Banda usaba menores de edad para ejecutar las amenazas
La intervención policial también reveló que varios de los detenidos eran menores de edad utilizados por los líderes criminales para ejecutar acciones de hostigamiento y enviar mensajes intimidatorios. Los agentes indicaron que estos jóvenes eran reclutados con falsas promesas de dinero fácil o protección dentro de la organización.
Las autoridades señalaron que las diligencias continuarán para determinar el grado de participación de cada implicado. El Ministerio Público ratificó su compromiso de garantizar la seguridad de sus funcionarios y destacó la cooperación con la Policía Nacional para avanzar en las investigaciones que permitan identificar a los autores intelectuales de las amenazas.
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