Techos colapsados, radios sin batería y chalecos antibalas con casi tres décadas de uso son solo algunas de las deficiencias que la Contraloría General de la República ha identificado en 466 comisarías a nivel nacional. Un reciente operativo de control preventivo, realizado en la recta final del año fiscal, ha puesto en evidencia que la precariedad en infraestructura y equipamiento compromete gravemente la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, mientras el Ministerio del Interior mantiene sin ejecutar casi la mitad de su presupuesto anual.
El despliegue de más de 700 auditores permitió constatar que los problemas afectan tanto la seguridad de los agentes como la atención al ciudadano. Los hallazgos reflejan severas deficiencias que comprometen la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú. El objetivo de este operativo es entregar información clave al Ministerio del Interior para que adopte medidas urgentes antes de que concluya el año fiscal.
Durante las inspecciones, los auditores detectaron baños inoperativos, techos con filtraciones, hacinamiento en los espacios de trabajo, inodoros inutilizables y carencia de mobiliario básico. Además, se identificaron armas con falta de municiones y chalecos antibalas con más de 28 años de antigüedad, lo que pone en riesgo la integridad de los efectivos policiales. En el ámbito de las comunicaciones, la situación es igualmente crítica: en numerosas comisarías, los policías deben regresar a sus bases para cambiar la batería de sus radios, ya que no cuentan con repuestos adicionales. Esta situación interrumpe la continuidad del patrullaje y debilita la respuesta ante emergencias.
El informe preliminar revela un dato aún más preocupante: en varias dependencias, los propios agentes han asumido la compra de computadoras, impresoras, sillas e incluso chalecos antibalas, ante la falta de recursos estatales. Esta práctica representa un riesgo para la seguridad de la información policial y evidencia una brecha profunda en el soporte logístico que debería garantizar el Estado.
Solo se ha ejecutado el 52% del presupuesto anual
En el plano presupuestal, la Contraloría advirtió que el Ministerio del Interior solo ha ejecutado el 52% de su presupuesto anual. Se subraya la urgencia de invertir el 48% restante en infraestructura y equipamiento, especialmente en este tramo final del año, para evitar que los recursos asignados queden sin utilizar y las deficiencias se agraven. El operativo de control incluyó, además, comunicaciones formales a más de 1.600 entidades públicas, alertando sobre el bajo nivel de ejecución presupuestal y solicitando la adopción de medidas correctivas inmediatas.
Caso Reniec
Paralelamente, la Contraloría ha acreditado un equipo de trabajo para recabar información sobre la publicación del padrón inicial por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Aunque aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial, se evalúa si se vulneraron normas de protección de datos personales en un contexto de creciente inseguridad.
Estos hallazgos se producen en un contexto donde, semanas atrás, se anunció una inversión millonaria destinada a modernizar la atención policial en Lima y Callao, lo que contrasta con la realidad detectada en el resto del país y subraya la urgencia de una gestión eficiente de los recursos públicos.
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