¿Vuelven los jueces y fiscales sin rostro?: Patricia Juárez propone ley para proteger autoridades en procesos de sicariato y extorsión

La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) ha anunciado que alista un proyecto de ley destinado a establecer la reserva de identidad para jueces y fiscales que participen en casos de sicariato, extorsión y crimen organizado. La medida, inspirada en el antiguo sistema de “jueces sin rostro”, busca brindar garantías de seguridad a los magistrados que enfrentan el accionar de organizaciones delictivas que operan en diversas regiones del país.

Juárez explicó que su propuesta pretende dar una respuesta concreta ante las amenazas que reciben quienes imparten justicia. La parlamentaria recordó que tanto ella como la fiscal Margarita Haro Pinto, de San Juan de Lurigancho, fueron intimidadas por bandas criminales. En ese contexto, planteó retomar un modelo que asegure el anonimato de las autoridades durante los procesos judiciales más peligrosos, con apoyo de herramientas digitales que impidan la identificación de los jueces y fiscales.

Proyecto con alcance limitado y temporal

Según explicó la legisladora a medios locales, el anteproyecto no contempla una aplicación general, sino limitada a delitos de alta peligrosidad. Indicó que la propuesta sería excepcional y con vigencia de prueba de un año, tiempo durante el cual se evaluaría su efectividad en la protección de los operadores de justicia.

Patricia Juárez enfatizó que su iniciativa no vulnera la Constitución ni contradice las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el pasado observó el uso de jueces anónimos. “Este mecanismo está diseñado solo para casos graves donde exista riesgo comprobado”, señaló. El objetivo principal es salvaguardar la vida y la integridad de quienes dirigen las investigaciones y procesos judiciales contra estructuras criminales.

Amenazas a fiscales y debilidad en la protección policial

Durante sus reuniones con el Ministerio Público, la parlamentaria recogió testimonios de fiscales que aseguran vivir bajo constante peligro. Juárez indicó que más de 80 fiscales en el país se encuentran amenazados, lo que evidencia la insuficiencia del resguardo policial para cubrirlos permanentemente a ellos y a sus familias.

La congresista recordó que la fiscal Margarita Haro Pinto, encargada de casos vinculados a la organización “Los Chukys de Juan Pablo II”, denunció haber recibido amenazas de muerte. Ante esa situación, Juárez sostuvo que el Estado debe brindar una alternativa de protección efectiva. “Hay fiscales que no pueden trabajar con tranquilidad. No podemos exponer sus vidas ni las de sus familias”, expresó la integrante de Fuerza Popular.

Una fuente cercana al despacho parlamentario señaló que el texto aún se encuentra en etapa de revisión y socialización. Explicó que la congresista ha sostenido reuniones con representantes del Ministerio Público, quienes realizaron aportes técnicos para fortalecer el contenido del documento.

“El proyecto no se ha presentado todavía. Ella ya había anunciado una iniciativa similar en enero, pero no la llegó a registrar. Ahora tiene un texto más trabajado y planea hacerlo oficial en los próximos días”, afirmó el asesor. Con ello, se confirma que la iniciativa aún no ha ingresado al trámite parlamentario, aunque su contenido ya ha generado debate entre especialistas en derecho penal y constitucional.