Celulares, chips y televisores fueron incautados en celdas de los penales de Lurigancho y Ancón 1 durante operativos extraordinarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Estas acciones, realizadas en el marco de la Declaratoria de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao, buscan frenar la organización de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios, según informó el INPE.
Durante las inspecciones en el penal de Lurigancho, el INPE reportó la incautación de artefactos eléctricos no autorizados, como cafeteras, televisores, ventiladores, congeladores, hervidores y parlantes que eran utilizados diariamente por los internos pese a que su ingreso está prohibido. También retiraron cables y enchufes en celdas y áreas comunes, además de inspeccionar techos ante posibles antenas o conexiones para comunicaciones ilícitas.
En el penal Ancón 1, el operativo permitió hallar tres celulares, seis cocinas artesanales, nueve pastillas de marca sidenafilo, cinco relojes, objetos punzocortantes y tomacorrientes, entre otros elementos que también están prohibidos dentro del régimen carcelario de los internos.

La ejecución de los operativos exigió participación coordinada de diversas unidades. En Lurigancho, la intervención tuvo lugar en el pabellón 11, recorriendo sus tres niveles bajo la dirección del director de Seguridad Penitenciaria y el subdirector de Seguridad de la Oficina Regional Lima, con el apoyo de 40 agentes penitenciarios. La acción fue supervisada directamente por el comandante general Óscar Arriola Delgado.
En Ancón 1, colaboraron más de 140 personas, incluyendo agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, efectivos de la PNP y agentes penitenciarios. La brigada canina del INPE intervino en la revisión de los pabellones 1, 2 y 8, así como patios, cocinas, servicios higiénicos y áreas comunes, lo que permitió la localización de teléfonos y chips celulares

Medidas de control y estrategias en seguridad penitenciaria
Dentro de las medidas de control destaca el inicio del “apagón eléctrico” en Lurigancho, una estrategia que busca limitar el uso de dispositivos electrónicos no autorizados mediante la restricción del suministro eléctrico en celdas y áreas comunes.
El INPE explicó que ahora los internos solo disponen de iluminación durante horarios restringidos y bajo estricta supervisión. Esta política, implementada inicialmente en Lurigancho, se extenderá a otros penales del país como parte de la lucha contra la criminalidad organizada.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, resaltó la intensificación en la revisión de celdas y la puesta en marcha del corte eléctrico. “Hemos intensificado los esfuerzos en la revisión de las celdas en los penales, así como el inicio del corte eléctrico. Estamos comprometidos con la lucha contra la criminalidad organizada”, afirmó.
Advierten que medidas no darán resultados inmediatos
El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, advirtió que las medidas aprobadas como parte del estado de emergencia no ofrecerán resultados inmediatos en materia de seguridad. En diálogo con Canal N, señaló que estas decisiones revelan las falencias estructurales del sistema penitenciario y no abordan el problema de fondo.
“Sabemos que hay un problema entre lo que ocurre en las cárceles y la calle, pero no creo que estas medidas vayan a dar resultados rápidos”, indicó. Según Caparrós, la reducción de visitas constituye una medida “dura” que impacta en la convivencia y la moral de los internos.
El exfuncionario explicó que la restricción se debe a la falta de mecanismos eficaces de control en los ingresos. “Si se restringe la visita, es porque no hay un control adecuado. Si tuviéramos un sistema de verificación eficiente, impediría el acceso de personas vinculadas al crimen sin necesidad de limitar el contacto familiar”, precisó.
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