El Gobierno Regional de Puno declaró en situación de emergencia ambiental el departamento por la presencia de actividad minera, ilegal e informal. De esta manera, se busca controlar, supervisar y fiscalizar el territorio, con mayor incidencia en las provincias de: Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y Melgar. Para ello se tomará las siguientes acciones:
- Activar mecanismos inmediatos de atención y control ambiental
- Priorizar la remediación de áreas impactadas
- Proteger la salud pública de la población expuesta
- Impulsar la acción intergubernamental frente a la minería ilegal e informal.
La ordenanza regional Nº 000015-2025-GRP/GR PUNO, publicada hoy, jueves 23 de octubre, en Normas Legales del diario oficial El Peruano, también estipula que la Gerencia Regional de Autoridad Ambienta, la Dirección Regional de Energía y Minas y la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Puno tendrán que formular e implementar el Plan de Acción Ambiental Regional de Emergencia, en máximo 60 días calendarios, es decir hasta el lunes 22 de diciembre.
“El Gobierno Regional de Puno gestionará ante el Poder Ejecutivo, ministerios competentes y organismos internacionales, el apoyo técnico, financiero y logístico necesario para atender la situación de emergencia ambiental declarada, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, se lee en el texto.
Autoridades de Puno piden Ley MAPE
La expansión de la minería ilegal en la región Puno se ha intensificado debido al incremento del precio internacional del oro. De acuerdo a la declaración a La Decana de Edwin Chambilla Palomino, director regional de Energía y Minas, la situación se complica en ausencia de un marco legal actualizado, lo que impide avanzar en la formalización de actividades mineras.“Solo tenemos un poco más de 5.000 mineros inscritos en el Reinfo, de un total de 12,000 que figuraban antes. El resto ha pasado ahora a la fila de los ilegales”, explicó.
Esta falta de regularización contribuye al crecimiento de delitos asociados como la invasión de terrenos, la contaminación ambiental y la pérdida de control sobre las zonas de extracción. El funcionario remarcó la necesidad urgente de implementar instrumentos legales que faciliten el ordenamiento del sector. En ese sentido, hizo un llamado al Congreso de la República para que apruebe la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), la cual propone ofrecer herramientas de formalización y asistencia técnica a pequeños productores mineros. “Esta ley tiene que estar orientada a apoyar a los pequeños mineros y mineros artesanales”, subrayó el director.
Chambilla insistió en que la legislación debe disponer la intervención de los gobiernos regionales en los procesos de supervisión, capacitación y control, para adecuar la aplicación de la norma a las diversas realidades mineras del país. Según el funcionario, “la norma debe incluir a los gobiernos regionales en los procesos de supervisión, capacitación y control”, con el objetivo de frenar el avance de la minería al margen de la ley y adecuar las políticas a las características regionales de cada zona extractiva.
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