El Gobierno de José Enrique Jerí Oré declaró el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por treinta días, con el objetivo de enfrentar la escalada delictiva que mantiene en alerta a la capital. La medida fue publicada en El Peruano mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, tras los informes de la Policía Nacional que advierten un incremento sostenido de homicidios, sicariatos y extorsiones.
El Ejecutivo señala que la inseguridad requiere una respuesta integral, basada en inteligencia operativa, control territorial y presencia conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aunque recuerda las declaraciones de emergencia dictadas por Dina Boluarte durante su gestión, Jerí propone un modelo más centralizado, con vigilancia simultánea sobre las cárceles, las calles y las redes de comunicación.
Jerí apuesta por una estructura más técnica y centralizada
A diferencia de los estados de emergencia anteriores, que priorizaban el despliegue policial y militar, el Gobierno de José Jerí incorpora una estructura de mando multisectorial. El decreto crea cuatro órganos específicos: el Comité de Coordinación Operativa Unificada, el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización y el Comité de Comunicación Estratégica.
Estos espacios reúnen a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la SUNAT, OSIPTEL, MIGRACIONES y el MTC, entre otros sectores. Su función es planificar operativos conjuntos, supervisar el control de identidad, fiscalizar actividades ilegales y garantizar que las decisiones se ejecuten con un mando unificado. Este modelo contrasta con el enfoque de Boluarte, que se centró en reforzar la presencia militar sin una coordinación permanente entre instituciones civiles y judiciales.
Controles ciudadanos más severos y ampliación del patrullaje
El decreto restringe derechos constitucionales como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito y reunión. También autoriza intervenciones domiciliarias, controles de identidad en vía pública y descerrajes cuando existan indicios delictivos.
Entre las medidas más visibles destaca la prohibición de dos adultos en motocicletas lineales, norma ausente en los decretos de Boluarte, que apunta a frenar los ataques y extorsiones perpetrados por bandas motorizadas. Además, se ordena el internamiento de vehículos con placas adulteradas y el decomiso sistemático de armas, explosivos y pirotécnicos ilegales. Las operaciones estarán a cargo de fuerzas combinadas, integradas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los serenazgos municipales.
Mientras los decretos de Boluarte concentraban la respuesta en el despliegue militar y los patrullajes masivos, el Ejecutivo de Jerí introduce una fiscalización constante y mecanismos de rendición de cuentas dentro de los comités operativos.
Control penitenciario y fiscalización tecnológica, nuevas prioridades
Otra diferencia clave es el alcance penitenciario del nuevo estado de emergencia. El Gobierno de Jerí dispone apagones eléctricos en celdas, restringe las visitas y ordena el retiro de antenas ilegales de comunicación dentro de los penales. Estas disposiciones no figuraban en los decretos de Dina Boluarte, centrados principalmente en el control urbano.
El Comité de Fiscalización, encabezado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, liderará además los operativos digitales para identificar chips, celulares y líneas usadas en extorsiones o secuestros. También se intervendrán mercados ilegales de armas, autopartes y drogas, y se suspenderán líneas telefónicas vinculadas con el crimen. Este componente de control tecnológico representa un cambio sustancial frente a la estrategia anterior, que se limitaba al patrullaje físico y a los retenes policiales.
Inteligencia, justicia y control de confianza en el Estado
El Ejecutivo dispuso el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, con el fin de agilizar los procesos judiciales contra los detenidos durante los operativos. También ordena protección especial a jueces y fiscales involucrados en casos de crimen organizado, un aspecto poco desarrollado en los estados de emergencia previos.
Además, se incorpora una medida inédita: el uso del polígrafo para evaluar la confiabilidad del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otros funcionarios designados por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Los resultados deberán ser reportados al Ministerio del Interior y posteriormente al Congreso.
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