El vocero de la vacada expresidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, renunció al Despacho Presidencial, renuncia que fue aceptada por el mandatario interino José Jerí y el premier Ernesto Álvarez.
La dimisión de Hinojosa fue oficializada a través de la resolución 252-2025-PCM, publicada hoy sábado 18 de octubre en el diario oficial El Peruano.
Hinojosa ingresó al Despacho Presidencial en la gestión de Dina Boluarte, en marzo de 2024. Durante su estancia fue jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República y vocero presidencial. Luego de la renuncia de Juan José Santiváñez, fue jefe encargado de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
Durante su estancia, Fredy Hinojosa fue cuestionado debido a que era el único nexo entre la prensa y la presidenta Dina Boluarte, quien se negaba a dar entrevistas a los medios de comunicación. Asimismo, se encuentra implicado en el denominado caso Qali Warma, caso en el que se dictó impedimento de salida del país.
Fredy Hinojosa y el caso Qali Warma
Fredy Hinojosa se encuentra implicado en un escándalo de corrupción conocido como el “Caso Qali Warma”. Este caso investiga una presunta organización criminal que manipuló contratos para la distribución de alimentos escolares, poniendo en riesgo la salud de miles de niños en Perú.
El foco principal recae en la empresa Frigoinca, proveedora de conservas de la marca Don Simón, que contenían carne de caballo etiquetada falsamente como res o pollo, larvas y otros contaminantes insalubres. Las acusaciones incluyen colusión agravada, tráfico de influencias y cohecho, con perjuicios al Estado y a la población beneficiaria del programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Según la tesis fiscal, Hinojosa habría aprovechado su posición de exdirector de Qali Warma (marzo 2019 - noviembre 2022) para favorecer a Frigoinca en procesos de contratación, coordinando directamente con Nilo Burga Malca, fallecido presidente de la empresa (hallado muerto en diciembre de 2024, investigado como posible suicidio).
Durante su gestión, se alega que se ejerció presión sobre proveedores para adquirir productos defectuosos, ignorando advertencias sanitarias, lo que resultó en intoxicaciones escolares reportadas en 2024, aunque Hinojosa niega vinculación y afirma que no hubo incidentes durante su periodo. La investigación revela una red de 15 funcionarios y empresarios, donde Hinojosa es señalado como facilitador de resoluciones irregulares para beneficiar intereses privados, en detrimento de la calidad alimentaria y los fondos públicos.
El Ministerio Público inició diligencias en 2024, con allanamientos a inmuebles y detenciones preliminares. En enero de 2025, el Poder Judicial dictó un impedimento inicial de salida del país contra Hinojosa y otros 12 implicados, como Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, Víctor Salazar, entre otros, para garantizar su presencia en las investigaciones. Esta medida cautelar se basó en la necesidad de recopilar pruebas y testimonios sin riesgo de fuga.
La medida contra Hinojosa vencía en julio de 2025; sin embargo, el Juzgado a cargo del proceso penal aceptó ampliar el impedimento de salida del país por un año más, es decir, hasta julio de 2026.
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