Este miércoles 15 de octubre, motivados por un clima de creciente de crisis política, tensión social e inseguridad ciudadana, se ha convocado a una nueva jornada nacional de protesta.
Desde días previos, sindicatos, colectivos juveniles y asociaciones de transporte hicieron pública su participación en la marcha y paro, movilización que busca evidenciar el rechazo a la corrupción y falta de acción de las autoridades.
El repunte de la criminalidad, la proliferación de extorsiones y asesinatos relacionados con el sector transporte y el reciente tiroteo en un concierto en Chorrillos influyeron directamente en esta convocatoria.
La inseguridad afecta a muy diversos sectores y ha fortalecido la plataforma común de los manifestantes, quienes demandan políticas firmes en materia de seguridad, reformas políticas y generación de empleo.
Las agrupaciones estudiantiles, encabezadas por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA) y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEPUC), confirmaron que participarán activamente.
El movimiento juvenil también rechaza la legitimidad del presidente José Jerí, quien asumió funciones tras la vacancia de Dina Boluarte, reclamando la salida de toda la clase política.
Gremios del transporte público confirman continuidad del servicio
Por el lado del transporte, las posiciones resultan dispares. Voceros como Walter Carrera, de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), anunciaron su adhesión al paro y pidieron la derogación de la Ley N.° 32108 dirigida a combatir el crimen organizado
Sin embargo, los gremios más representativos del transporte público de Lima y Callao emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron que sus empresas no acatarán el paro previsto para el miércoles 15 de octubre y mantendrán la operación de sus unidades en todo el corredor metropolitano.
La Cámara de Transporte Urbano, la Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao, el Consorcio Empresarial del Callao (Conesca), la Asociación Metropolitana de Empresas de Lima y Callao remarcaron que respetarán la protesta, pero que igual saldrán a las calles a operar.
“Respetamos el derecho a la protesta pacífica, garantizado por la Constitución Política y hacemos un llamado a los organizadores a fin de que garanticen el derecho de la ciudadanía de desarrollar sus labores con normalidad, si así lo deciden. Rechazamos el uso de la violencia, la imposición y el daño al patrimonio público y privado”, se lee en su comunicado.
El documento difundido precisa además que solicitaron al Ejecutivo garantías de seguridad para proteger tanto a los usuarios como al personal y unidades de servicio.
“Solicitamos que las autoridades, frente a las movilizaciones convocadas, brinden garantías para evitar daños a las unidades de transporte, al personal que opera el servicio y a los usuarios”, indica el texto.
En sus reuniones con representantes del Gobierno, las dirigencias gremiales del sector pidieron resultados tangibles en la lucha contra la criminalidad.
“Instamos al Poder Ejecutivo que asuma un rol de liderazgo, adoptando medidas concretas y resultados medibles”, y remarcaron su disposición al diálogo programado para los próximos días.
Al cierre de su misiva, las organizaciones subrayaron que mantienen un canal de diálogo abierto con las autoridades y llamaron a la unidad para enfrentar la violencia. “Nos sumamos al pedido de Unidad de Todos los peruanos, para que este flagelo sea erradicado prontamente”, concluye el pronunciamiento.
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