Transportistas rechazan ‘recomendaciones’ de Dina Boluarte ante amenazas de extorsionadores: “no contestar es morir”

La “recomendación” de la presidenta Dina Boluarte a los transportistas para evitar ser víctimas de extorsión, ha generado la indignación de los trabajadores del sector, quienes respondieron directamente a la mandataria e hicieron notar que, si no atrapan a los criminales, no tienen la posibilidad de escapar a los ataques de criminales.

“No contestar es morir, es la palabra. No contestar es una vida más. Tú no contestas, así no leíste por error, ya fuiste. Por eso que muchos conductores han fallecido o han sido asesinados, justamente porque la empresa a veces no ha pagado un día de retraso, un día de retraso, no la han perdonado”, afirmó a Panamericana, Miguel Palomino, presidente de la Confederación de Transportistas del Perú, quien acudió al Congreso para exigir acciones concretas contra el crimen organizado y la extorsión en el sector.

El ex viceministro del Interior, Julio Corcuera, también indicó al medio televisivo que el miedo y la violencia son los recursos principales de los extorsionadores para “alinear” a los transportistas, que son forzados a cumplir las exigencias de los criminales para sobrevivir y no ser víctimas de atentados.

“La modalidad es específica, es precisa y violenta. ¿Por qué? Porque al actuar con violencia, al asesinar a un conductor, a un datero o algo parecido, funciona el fenómeno del miedo. Activan el miedo y así buscan gatillar las ventajas económicas que ellos buscan”, indicó Corcuera.

Una investigación del programa Ocurre Ahora, basada en reportes del Observatorio de Criminalística, indica que el transporte público se ha convertido en uno de los sectores más peligrosos del país. Más de 80 choferes han sido asesinados solo en lo que va del 2025, la mayoría fueron ataques perpetrados por sicarios en motocicleta que operan en rutas de alta circulación.

Las organizaciones criminales han convertido el cobro de cupos en su fuente más rentable. De acuerdo con testimonios recabados por la investigación, cada empresa debe aportar entre S/10.000 y S/15.000 por bus al mes, bajo amenaza de sufrir ataques armados.

El pago se realiza de forma encubierta a intermediarios que recogen el dinero en terminales o puntos fijos a modo de peajes. Negarse a pagar o siquiera retrasarse ya es motivo de un atentado contra el vehículo o contra la vida del conductor.

El impacto económico de esta red de extorsión alcanza los S/6 millones mensuales, afectando la operatividad de las empresas formales y empujando a muchas a reducir personal o suspender servicios. Los propietarios afirman que han denunciado la situación ante las autoridades, pero aseguran no recibir respuesta.

Las respuestas a la presidenta Boluarte por su “recomendación”, también llegó cargada de dolor. Uno de los transportistas que acudieron a la protesta del pasado 6 de octubre indicó que los trabajadores de este sector viven con miedo y no saben si podrán volver a sus hogares.

“Como a usted no la extorsionan nada, me siento en una silla. Es fácil hablar (...)”, indicó uno de los transportistas que buscan una respuesta del Ejecutivo ante la situación crítica que viven todos los días y que el último sábado 4 de octubre resultó en el asesinato del chofer venezolano Daniel José Cedeño Alfonso, trabajador de la empresa Lipetsa.

“Vayamos a los hechos. Nosotros vivimos con miedo. Salgo de mi casa, no sé si voy a regresar vivo o no. Tengo familia, tengo hijos, soy diabético y tengo que trabajar. Yo compro mis pastillas, todo. A mí nadie me regala. Y salgo con miedo. Salgo con miedo. Me despido de mi familia porque a veces ya no sé si voy a regresar. Esa es la verdad", expresó el conductor a Epicentro.