El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que viene realizando una supervisión en la plataforma PN14, parte de la unidad fiscalizable Z-69 y administrada por Petróleos del Perú – Petroperú S.A., ubicada en el distrito de El Alto, provincia de Talara, Piura.
La intervención responde a la presencia de hidrocarburos en el área submareal, situación que podría tener consecuencias ambientales en el ecosistema marino de la zona norte del país.
La supervisión se desarrolla en coordinación con la Capitanía de Puerto de Talara de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), con el objetivo de verificar la responsabilidad de los hechos, evaluar el impacto generado y revisar las acciones de primera respuesta implementadas por la empresa estatal.
Como parte del procedimiento, los equipos técnicos del OEFA realizaron la recolección de muestras de agua superficial en el área afectada. Dichas muestras serán enviadas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) para determinar con precisión el nivel de afectación ambiental y el origen de los hidrocarburos.
La entidad fiscalizadora informó que los resultados serán comunicados de manera oportuna y que, de comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas administrativas correspondientes. En tanto, organizaciones sociales de El Alto y Talara han solicitado información sobre la magnitud del evento y las acciones de mitigación que se aplicarán para evitar daños a la pesca artesanal y al ecosistema marino.
Cabe recordar que Talara es una de las zonas con mayor actividad petrolera del país, por lo que los monitoreos ambientales en las plataformas marinas son constantes.
La estatal se comunicó con Infobae Perú para precisar que, si bien la plataforma a la que se hace referencia forma parte del Lote Z-69, esta se recibió cerrada y no han habido operaciones de Petroperú. Además, aclararon que no hubo actividad en el lugar durante estos últimos dos años.
Petroperú descarta relación con derrame en Cabo Blanco
La empresa estatal Petroperú afirmó en el Comunicado N° 035-2025 enviado a la redacción de Infobae Perú que las manchas de petróleo detectadas cerca de la plataforma PN14 en el mar de Cabo Blanco, Talara, “no tienen vínculo con sus operaciones”. Una inspección submarina realizada tras el hallazgo identificó que las emanaciones provienen del lecho marino, descartando relación con la operación en el Lote Z-69.
Luego del reporte, Petroperú notificó de inmediato a la Capitanía de Puerto de Talara, OEFA y Osinergmin. Estas entidades supervisan la zona desde el momento del incidente, según confirmó la empresa. “La emanación proviene del lecho marino y no tiene ninguna relación con la operación del Lote Z-69”, precisa el comunicado remitido el 29 de septiembre a Infobae Perú.
La compañía señaló que la plataforma PN14 se mantiene inactiva desde que Petroperú asumió el control del lote, y recordó que existen antecedentes de afloramientos naturales de crudo en el área, los cuales ya habían sido informados al OEFA por la operadora anterior.
Petroperú indicó que coordina permanentemente con los organismos fiscalizadores y participa en las acciones de supervisión y limpieza del sector afectado.
Minem defiende emisión de bonos para Petroperú
En paralelo al trabajo de supervisión ambiental, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) defendió la reciente emisión de bonos por USD 287 millones realizada por Petroperú, medida que ha generado críticas en diversos sectores por la situación financiera de la empresa.
El ministro Jorge Montero señaló que la operación no constituye un salvataje estatal ni una inyección de dinero proveniente del Tesoro Público, sino una estrategia de refinanciamiento de deudas con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones y el abastecimiento de combustible en todo el país.
“Se está reperfilando la deuda, que es otra cosa. No hay un decreto de urgencia ni recursos extraordinarios. Es una operación financiera necesaria para asegurar el suministro nacional”, indicó el titular del Minem en declaraciones públicas.
La autoridad subrayó que los ciclos de ganancias y pérdidas son propios de las industrias extractivas, incluyendo la petrolera, y comparó el caso con el comportamiento de la minería. En 2024, Petroperú reportó pérdidas superiores a los USD 700 millones, lo que ha encendido las alarmas sobre su sostenibilidad.
Críticas del sector privado
La decisión del gobierno fue cuestionada por gremios empresariales, que pidieron mayor transparencia en la gestión de Petroperú. Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió que se trata de un “círculo vicioso que necesitamos parar” y sugirió que los casi 300 millones de dólares empleados en esta operación podrían destinarse a infraestructura básica como carreteras, colegios o centros de salud.
Torreblanca también pidió que Petroperú funcione “como cualquier otra empresa, pública o privada”, con planes claros, objetivos definidos y presupuestos accesibles al público. Enfatizó que la falta de gobernanza corporativa dificulta que la estatal pueda generar confianza en los inversionistas y ciudadanos.
Mientras tanto, sindicatos y trabajadores de la empresa resaltaron que Petroperú sigue siendo un activo estratégico para el país, al ser clave en la provisión de combustibles para sectores productivos y de transporte.
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