300 policías vuelven a desalojar a pescadores artesanales de playa de Chorrillos

Un amplio grupo de agentes de la Policía Nacional ingresó la madrugada de este viernes a la playa Pescadores de Chorrillos. La operación tuvo como objetivo principal desalojar a decenas de pescadores artesanales y comerciantes informales, quienes permanecían en los espacios públicos del muelle a pesar de ordenanzas municipales que prohíben su ocupación.

Despliegue policial en el muelle

Desde las primeras horas del día, un contingente de aproximadamente trescientos policías se desplegó en el área, restringiendo el acceso a la costa y asegurando que los desalojados abandonaran el lugar. Los efectivos intervinieron tanto en la zona de restaurantes como en los estacionamientos, áreas que la Municipalidad de Chorrillos busca intervenir como parte de un megaproyecto de renovación urbana.

En la zona desalojada, los pescadores habían instalado carpas y estructuras provisorias. Según información recibida de autoridades municipales, el municipio atribuye a la ocupación irregular de estos espacios pérdidas económicas y retrasos en el desarrollo del proyecto de remodelación, cuyo fin sería potenciar la actividad turística y comercial en la bahía.

Disputa por espacios públicos y antecedentes del conflicto

De acuerdo con declaraciones oficiales, la municipalidad sostiene que los pescadores ejercen actividades informales y utilizan parte de la playa como estacionamientos y puntos de venta de alimentos sin contar con las licencias requeridas. La polémica en este sector del litoral limeño no es nueva. En mayo del mismo año, se realizó otro operativo de desalojo en el que también participaron más de 300 policías, con la finalidad de contar con cerca de 16.000 metros cuadrados ocupados por comerciantes y pescadores.

Los representantes del colectivo de pescadores señalan que ocupan esa franja del litoral desde hace más de seis décadas, lo que evidencia la histórica tensión entre la autoridad municipal y quienes han realizado su actividad en la playa por generaciones, además consideran que se trata de un desalojo extrajudicial. El municipio asegura que ha habido intentos previos de llegar a acuerdos para permitir el avance de las obras, pero las diferencias persisten y el conflicto se reactivó con fuerza tras el nuevo operativo.

Un dato clave del operativo es que la municipalidad de Chorrillos acusa a los desalojados de contaminar la zona marina debido a prácticas comerciales que contravienen las normativas de salubridad. La presencia policial se mantuvo incluso después del desalojo para prevenir incidentes y asegurar el resguardo de los espacios recuperados.

Investigaciones abiertas tras el desalojo de mayo

El enfrentamiento entre la Municipalidad de Chorrillos y los pescadores artesanales tiene antecedentes recientes vinculados a operaciones anteriores para liberar espacios en la costa. En mayo de 2025, un operativo de gran magnitud ejecutado por el municipio, con la intervención de aproximadamente setecientos policías y maquinaria pesada, desalojó a integrantes de la comunidad pesquera en la caleta de Chorrillos. La actuación no contó con orden judicial, según representantes de los pescadores.

Las consecuencias de esa intervención se hicieron notar de inmediato. La demolición de 28 módulos dedicados a la venta de alimentos provocó la pérdida de casi tres toneladas de pescado. Además, los pescadores denunciaron la restricción total de accesos al mercado pesquero y a la playa, impidiendo la comercialización habitual por dos semanas. Entre los afectados se encuentran unos trescientos pescadores asociados y alrededor de un millar de trabajadores involucrados de manera directa o indirecta en la actividad.

A raíz de este desalojo, el Ministerio Público abrió varias carpetas fiscales para investigar tanto la legalidad del procedimiento como eventuales abusos de autoridad. Entre los implicados se incluyen el alcalde Fernando Velasco y coroneles de la Policía Nacional. Las denuncias se fundamentan en supuesto uso de fuerza excesiva, inexistencia de orden judicial y destrucción de infraestructura instalada por la comunidad pesquera, que cuenta con presencia histórica comprobada en la zona desde 1927.