El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Maynas obtuvo una sentencia ejemplar contra Melita Mejía, hallada responsable de no proteger a su hija de ocho años ante un abuso sexual perpetrado por el padrastro, quien se encontraba prófugo de la justicia y con orden de captura vigente.
Madre sentenciada por complicidad
El caso registrado en la provincia de Maynas, región Loreto, derivó en una condena de 35 años de prisión efectiva para Melita Mejía, de 33 años, por el delito de violación sexual de menor bajo modalidad de omisión propia. La autoridad fiscal presentó en juicio oral que la madre no adoptó ninguna medida de protección a favor de su hija cuando, entre enero y mayo de 2024, facilitó el reencuentro con su expareja Lucas Pezo —individuo prófugo y buscado por agresión sexual previa contra la hija mayor de la sentenciada.
La investigación, liderada por la fiscal provincial María Castillo Padilla, determinó que Mejía trasladó a sus tres hijos menores hasta el kilómetro 47 de la carretera Iquitos-Nauta, donde tuvo lugar el abuso, pese a estar al tanto de la orden de captura vigente contra el progenitor no biológico. El sustento probatorio presentado incluyó la constatación de ese viaje, así como otros elementos reunidos durante la indagación que confirmaron la complicidad de la sentenciada en el delito de violación sexual.
Como parte de la sentencia, la instancia judicial estableció el pago de S/ 30 000 de reparación civil a favor de la víctima, monto que busca resarcir el agravio ocasionado.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a través de comunicados oficiales, reafirmó su compromiso en la defensa de poblaciones vulnerables y en la persecución de delitos que atenten contra la integridad física y sexual de las personas.
La sentencia marca un precedente en la aplicación de sanciones ante la omisión de medidas de protección por parte de progenitores o adultos responsables. El caso pone de relieve la importancia de la intervención estatal en contextos de riesgo para la infancia y la adolescencia en distintos territorios del Perú.
Denuncia un caso de violencia
En el Perú, los reportes de violencia sexual mantienen niveles alarmantes. Las cifras de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), dependientes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), muestran que durante los primeros seis meses de 2025 se atendieron 6,677 casos de este tipo en el país, lo que equivale a una denuncia por violación sexual cada 39 minutos.
El fenómeno de la violencia contra la mujer abarca acciones o conductas que generan muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, y puede manifestarse tanto en el ámbito privado como público, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley Nº 30364. Este marco normativo reconoce diferentes formas de violencia dirigidas especialmente a niñas y adolescentes mujeres, población que concentra la mayoría de casos atendidos.
Frente a esta problemática, está disponible la Línea 100, un canal de orientación y consejería emocional gratuita que opera las 24 horas todos los días en español, quechua y aimara. Además, los Centros de Emergencia Mujer brindan atención integral —legal, psicológica y social— en distintas ciudades y algunas comisarías, asegurando el acompañamiento permanente a quienes lo requieran.
La sociedad civil y las autoridades insisten en la importancia de reportar casos y buscar ayuda inmediata para evitar mayores daños. Quienes sean testigos o víctimas de violencia pueden consultar información adicional en la página oficial del MIMP o comunicarse al (01) 419 7260 para acceder a servicios de protección y orientación especializada.
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