Aldo Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, lidera actualmente una extensa marcha cuya meta es reclamar en Lima el cumplimiento de compromisos incumplidos por el gobierno de Dina Boluarte, tras meses de emergencia e inseguridad en la región. La movilización partió el 25 de agosto desde Tayabamba y, según el propio alcalde, se propone reunir hasta 100 mil participantes al momento de ingresar a la capital.
Emergencia persistente y desconfianza en las autoridades
Desde hace casi dos años, Pataz se mantiene bajo estado de emergencia y control militar a raíz de la violencia asociada a mineros ilegales y bandas criminales. Pese a este régimen, los enfrentamientos y muertes no han cesado. El alcalde subraya que el toque de queda y la militarización no han arrojado resultados tangibles y acusa una falta de acciones eficaces por parte del Estado. “Su estado de emergencia, que va a cumplir dos años, no sirve de nada. El toque de queda no tiene ningún resultado”, señala Mariños a Buenos Días Perú. Según su apreciación, un sector de la población patacina sospecha complicidad entre miembros de la Policía Nacional y organizaciones delictivas, al punto que prefieren la permanencia del Ejército, pero desconfían de la presencia policial.
Compromisos incumplidos y abandono estructural
El eje central de la demanda de Mariños radica en la falta de infraestructura vial y de servicios esenciales en la provincia pese a que es una de las mayores productoras de oro del país. Rememora que en mayo de 2024, la presidenta Dina Boluarte, junto al ministro del MTC y el ministro de Economía, firmaron un acta comprometiéndose a culminar el expediente técnico para el asfaltado de una vía clave para la región antes de terminar el año, con miras a iniciar obras en 2025. El expediente no fue entregado ni en la fecha establecida ni en la prórroga prometida para julio.
“Prácticamente, nos han mentido dos veces. Por eso, he iniciado esta marcha de sacrificio”, explica el alcalde, quien ya ha recorrido casi 450 kilómetros hasta Trujillo. El abandono estatal se refleja en la ausencia de centros de salud operativos y en comisarías insuficientes. “Nuestra gente se muere de dolor. No pueden hacerse ni una intervención por apendicitis”, declara el edil. En el caso de emergencias médicas graves, los habitantes deben trasladarse a Trujillo, trayecto que puede demorar entre 12 y 20 horas y alcanzar costos superiores a 1.500 soles.
Objetivos y expectativas de la marcha
Mariños asegura que la marcha tiene carácter pacífico y que el reclamo fundamental es “que realmente nos atienda”. El grupo sostiene que la única vía de protesta legítima ante el abandono es recorrer el país a pie hasta Lima. A lo largo del trayecto, la columna ha incrementado adherentes y espera superar los 100 mil participantes al llegar a la capital, movilizando no solo el malestar de Pataz, sino también la indignación de otras localidades afectadas por la postergación de obras y compromisos estatales.
“El ingreso a Lima va a pasar las cien mil personas, porque no se trata solo del dolor de Pataz, se trata de la indignación de todos los pueblos”, anticipa el burgomaestre.
Riesgos de la vía y el ausente regional
El asfaltado de la principal carretera de la provincia se presenta como una demanda inaplazable. El alcalde remarca: “Esta carretera es la más asesina del país, en cada accidente de tránsito, cinco, diez, quince personas accidentadas”. Además, dirige críticas severas al gobernador de La Libertad, César Acuña, a quien califica como “garante fallido” tras su falta de respuesta ante el incumplimiento del Ejecutivo y el desgaste físico extremo de quienes integran la movilización.
En el trayecto, se reportó la desaparición del presidente de ronda del distrito de Tayabamba, Víctor Iparraguirre Félix, quien acompañaba la marcha y dejó de estar localizado tras una reunión con funcionarios. El alcalde solicita apoyo al Ministerio del Interior para su ubicación mediante geolocalización.
Próximos pasos y repercusiones
Las previsiones apuntan a que la marcha concluirá en aproximadamente treinta días. El alcalde sostiene que el movimiento puede tener consecuencias políticas más amplias, ya que la protesta expresa el desacuerdo no solo de Pataz sino de múltiples regiones marginadas.
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