La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de La Libertad solicitó 18 meses de prisión preventiva para Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton y Juan Valencia, acusados de ser parte de la banda criminal responsable del atentado con explosivos en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.
Los cuatro sujetos son acusados por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y daños. En el caso de Leyton, también se le señala por tenencia de materiales peligrosos.
El requerimiento fue presentado por la fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez, quien formalizó y dio inicio con la investigación preparatoria. El atentado, ocurrido la noche del 4 de septiembre, dejó nueve heridos, 93 personas afectadas y más de 30 viviendas dañadas, de las cuales al menos dos quedaron inhabitables.
De acuerdo con las investigaciones, la detonación ocurrió alrededor de las 10:45 p. m. frente a una vivienda de tres pisos vinculada a la familia Sánchez Iparraguirre, dedicada a actividades mineras en la provincia de Pataz. Testigos relataron que minutos después del estallido, agentes del serenazgo y de la Policía Nacional del Perú intervinieron a dos sujetos que intentaban huir.
Uno de ellos, identificado como el venezolano Everet Emilio Quintero Monasterios (32), confesó haber sido contratado para colocar el explosivo a cambio de 200 soles. El segundo detenido fue el peruano Nilton Isaías Ravello Ramos (19). Ambos fueron capturados cuando no lograron encender la motocicleta con la que planeaban escapar.
Posteriormente, la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo detuvo a Fabrizio Manuel Leyton Gutiérrez (22), alias Pelado, señalado como el coordinador del ataque. Según la hipótesis fiscal, él fue quien organizó el reconocimiento previo de la zona y entregó las órdenes a los autores materiales. En un operativo paralelo, la policía halló en una vivienda de Los Altos de Valle Sol Moche diez cartuchos de emulsiones explosivas, presuntamente usados por la organización.
Hipótesis sobre las causas del atentado
El inmueble atacado pertenecía a Maura Sánchez Iparraguirre, quien, según la Policía, había recibido amenazas relacionadas con su actividad minera. La PNP investiga si el atentado estaría vinculado a las disputas por el control de yacimientos de oro en Pataz, donde las mafias de la minería ilegal han intensificado su violencia.
El jefe de la Región Policial de La Libertad, coronel Carlos Llerena, explicó que varias de estas organizaciones se han desplazado a Trujillo debido a los constantes operativos militares en Pataz, fenómeno que denominó el “Efecto Pataz”. En lo que va del año, se han registrado tres atentados con explosivos en la ciudad, todos con posibles vínculos con bandas mineras.
Aunque algunos vecinos aseguraron que la vivienda contaba con seguridad privada y movimiento constante de vehículos, otros afirmaron que estaba deshabitada porque se realizaban remodelaciones. La Fiscalía aún no descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre facciones rivales. Según las declaraciones recogidas, los autores materiales pertenecerían a la facción criminal conocida como “Los Cachacos del Padrino”, vinculada a la banda Los Pulpos, activa en la zona minera de Pataz.
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