El Congreso de la República aprobó una reforma al Código Penal que eleva a cadena perpetua la pena para los responsables de sicariato en casos agravados, incluidos ataques a transportistas y bodegueros. La propuesta obtuvo el respaldo unánime de los legisladores y será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La reforma modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal vigente en Perú, con el objetivo de hacer frente a la ola de homicidios por encargo y extorsiones que afecta a miles de ciudadanos.
De acuerdo con los datos presentados durante el debate congresal del pasado 10 de septiembre, más de 570.000 denuncias por delitos graves se reportaron en 2023, una cifra que refleja la gravedad de la crisis de seguridad ciudadana.
En este nuevo marco legal, cualquier persona que realice un homicidio por encargo recibirá una condena mínima de 30 años de cárcel, pero la pena se eleva a cadena perpetua si la víctima es un empresario, transportista, comerciante o prestador de servicio público.
El dictamen también incorpora como agravantes el uso de menores de edad o personas inimputables en la perpetración del delito y la participación de órdenes emitidas desde centros penitenciarios.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Solórzano, explicó que “el sicariato es uno de los delitos más graves y con mayor crecimiento en el país. Según los datos de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los homicidios dolosos ligados a sicariato han aumentado dramáticamente en los últimos años, con promedios de tres asesinatos por encargo diarios en el año 2024”.
El congresista añadió que el dictamen presentado por su comisión es “críticamente sólido, constitucionalmente legítimo y socialmente necesario”, justificando así la decisión por la magnitud de la amenaza que representa el crimen organizado.
Durante el debate en el Pleno, Fernando Rospigliosi confirmó que el texto sustitutorio fue aprobado en primera votación sin ninguna oposición. Legisladores de diversas bancadas resaltaron la urgencia de ajustes drásticos en el sistema penal.
El congresista Elías Varas sostuvo que “tenemos que estar drásticos” y, por su parte, Alex Paredes preguntó directamente sobre la aplicación de la pena de muerte para quienes cometen estos delitos, en una abierta muestra del nivel de hartazgo frente a la violencia criminal.
El dictamen aprobado establece con precisión en su artículo 108-C: “El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda”.
Esta misma severidad se aplica a quienes ordenan, encarga, acuerdan el crimen o actúan como intermediarios. Además, la reforma sanciona con cadena perpetua a quienes se valgan de menores sobre los que tengan autoridad para ejecutar el delito.
La congresista María del Carmen Alva señaló durante su intervención que el sicariato “es un fenómeno que está sembrando miedo en las calles. Es un negocio que convierte la vida humana en mercancía”.
A su vez, Roberto Chiabra se enfocó en la necesidad de castigar con firmeza a quienes instigan a menores para involucrarlos en delitos de sicariato, identificando ese mecanismo como uno de los más preocupantes del crimen organizado.
El dictamen también avanza sobre el artículo 108-D, que sanciona la conspiración y el ofrecimiento para cometer sicariato, al cerrar vacíos legales que los criminales utilizaban en su beneficio.
Para Cruz Solórzano, la norma “fortalece la punición de las fases previas al sicariato”, una estrategia para dificultar la planificación y ejecución de estos crímenes antes de que lleguen al acto homicida.
Los congresistas destacaron que las modificaciones aprobadas representan un mensaje directo al crimen organizado. Atentar contra los sectores productivos, como el transporte público y el comercio, recibirá la respuesta más severa posible desde el sistema judicial. La unanimidad en la votación refleja, para los legisladores, el consenso parlamentario frente a la escalada de violencia.
Tras obtener el respaldo unánime en el Pleno, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo y, una vez promulgada, la ley entrará en vigencia de manera inmediata, con la expectativa de que refuerce la capacidad de respuesta estatal frente al sicariato y contribuya al debilitamiento de las organizaciones criminales en Perú.
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