“Betssy Chávez no estaba en peligro extremo, pero sí había ambiente de hostilidad en el penal”, sostuvo la directora de APRODEH

La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Gloria Cano, afirmó este miércoles que la exjefa de Gabinete, Betssy Chávez, recibía atención médica y no enfrentaba un riesgo extremo en el penal de Chorrillos, donde permanecía detenida, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara su liberación.

En conversación con Epicentro TV, la abogada relató detalles de su visita a Chávez, procesada por el intento fallido de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

“Nos alarmó el anuncio de que ella estaba en una fase de extrema gravedad y que se preveía un desenlace fatal. Por eso fuimos a verificar si recibía atención médica adecuada y qué se requería para que depusiera esa medida de fuerza. Al llegar, conversaba con uno de sus abogados y nos pidió que esperáramos”, declaró.

“Constatamos que las carencias eran similares a las de cualquier penal. Compartía celda con otra persona y contaba con un televisor junto a tres internas más”. También advirtió sobre la situación interna: “Había un clima de tensión en el penal, lo cual afecta tanto a ella como al resto de reclusas”, continuó.

Cano precisó que la ex primera ministra informó sobre dos carpetas fiscales con denuncias por presuntos abusos. Añadió que, aunque no aceptaba al médico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sí era atendida por el del Ministerio Público. “Ella sí aceptaba al médico legista, mas no al del INPE, y le diagnosticaron presión elevada y deshidratación”, sostuvo.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema emitir la resolución de excarcelación y establecer medidas para garantizar la presencia de Chávez en el proceso judicial que enfrenta desde marzo.

El TC concluyó que la ampliación del periodo de prisión preventiva fue dictada fuera del plazo legal. El término original venció en diciembre de 2024 sin que se emitiera una nueva resolución ni se ordenara su libertad, lo que vulneró su derecho a la libertad personal.

Chávez, quien dejó un testamento donde rechazaba cualquier intento de hidratación o reanimación, fue trasladada al Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, por recomendación médica y como medida preventiva, según el INPE.

Su protesta exigía el traslado a otro penal junto a dos internas, alegando que su integridad estaba comprometida. El INPE negó las acusaciones. “No existen pruebas de los malos tratos que Betssy Chávez afirma haber sufrido”, señaló la entidad, y agregó que “la interna ha recibido supervisión médica permanente”.

Chávez y el exmandatario Pedro Castillo están procesados por los hechos del 7 de diciembre de 2022. Ese día, Castillo anunció el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial, con la intención de gobernar por decreto y evitar su destitución. La maniobra fracasó. Fue detenido por la Policía cuando se dirigía a la Embajada de México. Poco después, el Congreso aprobó su destitución y Dina Boluarte asumió la presidencia.

La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Castillo y 25 para Chávez, por su implicación en el intento de ruptura del orden constitucional.