En San Martín de Porres, la mañana se desarrolló entre la tensión y la incertidumbre en el terminal de la Línea 36, una empresa de transporte urbano que opera entre este distrito y Chorrillos. La escena dejó a los trabajadores y a los vecinos en estado de alerta. Una patrulla de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al paradero inicial, donde la empresa sufrió dos ataques armados en menos de seis horas, para limitarse únicamente a firmar un cuaderno de registro antes de retirarse, sin realizar ninguna acción de resguardo ni permanencia en la zona.
La Línea 36 ha sido blanco de extorsionadores durante varios meses. Las amenazas se concretaron la víspera en dos episodios violentos que interrumpieron por completo las operaciones de la empresa y desencadenaron el temor entre los conductores, la administración y los usuarios que dependen de este servicio. Según informaron trabajadores del paradero a Exitosa Noticias, la ausencia de protección policial tras los ataques se tradujo en la suspensión del servicio y en la paralización de más de veinte unidades, lo que repercutió en la vida de cientos de pasajeros diarios.

Testimonios que muestran miedo y parálisis
El ambiente en la cochera de Las Azucenas, donde los buses permanecieron inmóviles, reflejó la magnitud del temor presente entre los conductores. “Hasta que solucionen el problema, seguimos atemorizados”, respondió uno de los trabajadores al ser consultado sobre la situación. Decenas de familias quedaron sin su sustento diario, ya que “ningún chofer tiene autorización para salir” como resultado de la decisión interna adoptada por seguridad.
Frente al local, la rutina volvió a interrumpirse por la llegada de la patrulla policial. El vehículo se detuvo, uno de los efectivos descendió, solicitó el cuaderno de firmas —que la empresa utiliza como parte del seguimiento policial—, estampó su nombre y se retiró sin ingresar al local ni establecer vigilancia preventiva, lo que dejó nuevamente vulnerable el paradero que había sido atacado el día anterior con disparos al azar por parte de delincuentes.

Ola de extorsión paraliza servicios y golpea a transportistas
La inseguridad obliga a trabajadores y directivos de la Línea 36 a tomar medidas de autoprotección. Las víctimas refieren que los ataques responden a la negativa de la empresa a pagar cupos a bandas delictivas, una modalidad que afecta, según fuentes del sector, a más del 80% de los operadores formales en la capital. Los delincuentes lograron acceder a instalaciones y dispararon sin distinción contra quienes se encontraban en el paradero, poniendo en riesgo tanto al personal como a los vecinos y pasajeros.
La repercusión en la economía de los afectados no se limita solo a la suspensión temporal: el miedo a represalias y el antecedente letal que han enfrentado conductores de otras líneas refuerza la decisión de no salir a ruta mientras no existan garantías. La calle Las Azucenas, habitualmente transitada por vehículos y pasajeros, permaneció desierta, sin ninguna presencia policial, a pesar de los dos atentados perpetrados el mismo día.
La actuación de la Policía Nacional del Perú —reducida a la verificación burocrática del cuaderno de firmas— generó frustración y una sensación de abandono tanto entre los trabajadores de la Línea 36 como en los vecinos de San Martín de Porres.
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