Ministerio de Justicia ya evalúa la posibilidad de construir un penal en la isla del Frontón

El ministro Juan José Santiváñez ya se reunió con el jefe del INPE, mientras que representantes del Minjus ya tuvieron un encuentro con el sector Vivienda para analizar la viabilidad de la propuesta

El Frontón
Alejandro Muñante propuso reconstruir el penal 'El Frontón' - crédito Andina
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La reapertura de la cárcel en la isla El Frontón ya está en los planes del nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. A su reciente encuentro con el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Emilio Paredes Yataco; se suma una reunión de funcionarios del Minjus y del Ministerio de Vivienda para analizar qué tan viable es la propuesta.

Una publicación en la cuenta oficial de X del Ministerio de Justicia indica que durante la reunión de trabajo entre ambas carteras “se llevó a cabo un diagnóstico preliminar sobre la titularidad y el saneamiento físico-legal de la isla. Asimismo, durante este encuentro se evaluaron otros predios que podrían destinarse a la edificación de nuevos establecimientos penitenciarios, como parte del plan de ampliación de infraestructura carcelaria que impulsa el sector”.

Pese a que la iniciativa surge desde el Ministerio de Justicia, el nuevo titular del Minjus no estuvo presente en esta reunión. Entre los asistentes se encontraban el viceministro de Vivienda, David Alfonso Ramos López; el titular de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), Wilder Sifuentes; además del director de la Oficina Nacional de Administración del Minjus, Tiberio Cayo Robles.

Cinco propuestas para reactivar penal ‘El Frontón’

La intención de promover la reapertura de la cárcel en la isla El Frontón no es una novedad. En abril de este año, el congresista Lizarzaburu, parlamentario de Alianza Para el Progreso (antes en Fuerza Popular) presentó ante el Congreso la quinta propuesta de este tipo para volver a usar la cárcel ‘El Frontón’. Las otras cuatro fueron presentadas entre los años 2023 y 2024.

El parlamentario de Alianza por el Progreso, Juan Carlos Lizarzaburu, presentó la quinta iniciativa legislativa para reactivar la cárcel, que lleva cerrada casi 40 años. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
El parlamentario de Alianza por el Progreso, Juan Carlos Lizarzaburu, presentó la quinta iniciativa legislativa para reactivar la cárcel, que lleva cerrada casi 40 años. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El resto de proyectos sobre la reconstrucción del penal para albergar a delincuentes de alta peligrosidad fueron presentados por los congresistas:

La herencia de Eduardo Arana

En 2024, el entonces ministro de Justicia -ahora titular del Consejo de Ministros- Eduardo Arana, indicó que su sector evaluaría la propuesta del congresista Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso).

La iniciativa, al igual que la de Lizarzaburu este año, también considera este establecimiento como un posible lugar para albergar a los criminales considerados como los más peligrosos. En ese entonces, los informes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indicaban que las cárceles del Perú operaban al 130% sobre su capacidad real.

El Frontón fue una cárcel donde estaban recluidos delincuentes peligrosos desde 1917
El Frontón fue una cárcel donde estaban recluidos delincuentes peligrosos desde 1917

¿Qué pasó en ‘El Frontón’?

La cárcel ‘El Frontón’ dejó de utilizarse luego de un motín registrado entre el 18 y el 19 de junio de 1986, durante el primer gobierno del presidente Alan García. Los enfrentamientos fueron liderados por internos que eran integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso y se generó una intervención militar que dejó como saldo más de 170 presos fallecidos y, según denuncias de la época, varios fueron ejecutados extrajudicialmente.

Tras la matanza, el gobierno decidió cerrar definitivamente el penal en 1986, ya que la represión generó una fuerte controversia y críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos, incluyendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000 que responsabilizó al Estado peruano.

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