Ni jóvenes ni mayores: la educación que el Estado deja atrás

En el mes de agosto hay fechas que nos invitan a reflexionar más allá de los homenajes formales. El 12, el mundo conmemora el Día Internacional de la Juventud con campañas sobre liderazgo, innovación y participación. Días después, el 26, se recuerda en Perú el Día Nacional del Adulto Mayor, casi siempre con mensajes que invitan al respeto y a una vejez digna. Pero entre ambos homenajes suele ignorarse una realidad incómoda: miles de jóvenes y adultos mayores en nuestro país no terminaron la educación básica. Y, aunque se han dado pasos, avanzar sigue siendo difícil. Lo que está en juego no es solo la finalización de un ciclo educativo, sino el acceso a derechos fundamentales.

En los últimos años, por ejemplo, la educación virtual se ha expandido como alternativa para quienes no pueden asistir de manera presencial. Pero esa opción, en muchos casos, requiere conectividad, dispositivos y habilidades digitales que no todos tienen. Así, lo que en teoría es un avance, en la práctica, puede convertirse en una nueva barrera. La desigualdad tecnológica es hoy una de las nuevas formas de exclusión educativa.

En el ámbito laboral, tener secundaria completa sigue siendo un requisito obligatorio para acceder a la mayoría de trabajos formales de nivel básico, incluso en puestos donde la experiencia o el aprendizaje práctico podrían complementarse con estudios en curso. No se trata de eliminar estándares razonables —como saber leer, escribir o realizar operaciones básicas—, sino de no convertir el certificado en una barrera que excluya a quienes están dispuestos a terminar su educación mientras trabajan. Esa rigidez, lejos de ordenar el mercado, expulsa silenciosamente a miles de personas.

No sorprende, entonces, que hayan proliferado mafias que venden certificados falsos de estudios básicos, incluso con acceso irregular al sistema del propio Ministerio de Educación. Es un síntoma claro: cuando la necesidad no encuentra caminos legítimos, otros aprovechan el vacío. La informalidad encuentra terreno fértil cuando el sistema formal deja de responder.

En medio de todo esto, los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) cumplen un rol vital. Allí, miles de peruanos —jóvenes, adultos y adultos mayores— intentan retomar una trayectoria interrumpida. Pero lo hacen en condiciones desiguales: con escaso presupuesto, horarios limitados y sin políticas públicas que fortalezcan o visibilicen su impacto. La educación alternativa no debería ser un último recurso: debe ser una segunda oportunidad real, con el mismo valor y respaldo que la educación regular.

Este mes nos habla de juventudes y de adultez mayor. Tal vez también sea momento de mirar a quienes están fuera de los homenajes y de las estadísticas, pero dentro de una realidad que seguimos sin corregir: la de quienes no terminaron la escuela, no por falta de interés, sino por falta de oportunidades.

Si queremos hablar de justicia social, comencemos por lo esencial: una educación accesible, flexible y digna para todos, sin importar cuándo ni cuántas veces haya que volver a empezar.