PNP y Ministerio Público de Trujillo enfrentados por liberación de sospechosos de atentado con dinamita

El atentado con explosivos registrado el pasado 14 de agosto en la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, continúa generando controversia. A los daños materiales ocasionados —la destrucción de la fachada de un inmueble de tres pisos y afectaciones en al menos cincuenta viviendas vecinas— ahora se suma una disputa abierta entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público por la liberación de los sospechosos inicialmente detenidos.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, cuestionó duramente la decisión del Ministerio Público de dejar en libertad a los cuatro intervenidos —un hombre adulto, dos adolescentes y un taxista— quienes fueron señalados como presuntos responsables de movilizarse y ejecutar el ataque con dinamita en Alto Trujillo.

“La Policía hace un trabajo, supuestamente la conducción jurídica la tiene el Ministerio Público, que debe decir qué necesita para fortalecer sus elementos de convicción. Sin embargo, toma una decisión unilateral y lo suelta. Entonces no podemos ya caer en este espacio en el cual la Policía haga un trabajo y nos tengamos que enfrentar a los propios operadores de justicia”, declaró Zanabria, visiblemente molesto por la liberación.

Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, defendió la actuación de los fiscales a cargo de la investigación. Señaló que no se contaba con los elementos suficientes para solicitar prisión preventiva contra los detenidos, advirtiendo que no se puede actuar solo por “indicios circunstanciales”.

“No se trata de que a cualquier persona que esté circunstancialmente probada en los hechos terminemos deteniéndola y le pedimos prisión preventiva. O sea, no se trata de detener por detener. Si hay pruebas, ¿por qué razón lo liberaríamos?”, manifestó.

Bringas precisó que es obligación del sistema de justicia no solo proteger a los ciudadanos frente al crimen organizado, sino también garantizar que no se vulneren los derechos de personas sin pruebas directas en su contra. “Cualquiera que pasa por ahí, que lo ven caminando, que lo ven cerca, o un taxi que cogen cuadras antes y deja pasajeros circunstancialmente… por hechos circunstanciales no podemos meter presos a todos”, agregó.

El hecho ha desatado críticas entre los vecinos de la zona afectada, quienes demandan respuestas concretas. Mientras tanto, las investigaciones continúan en manos del Ministerio Público, que deberá definir nuevas diligencias para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado. La discrepancia pública entre la PNP y la Fiscalía, sin embargo, ha puesto en evidencia las tensiones entre ambas instituciones, en un contexto de creciente inseguridad en el norte del país.

Argumentos para la liberación

El 14 de agosto, un atentado con explosivos en la avenida Perú destruyó una vivienda y dejó varios heridos. La Policía detuvo a cuatro sospechosos, incluido un taxista señalado como conductor del vehículo usado por los atacantes.

Este afirmó haber cobrado solo ocho soles por trasladar pasajeros sin conocer sus intenciones, versión que la PNP consideró poco creíble y vinculada a hechos similares. Sin embargo, la autoridad judicial ordenó su liberación tras los argumentos de la defensa.