La violencia criminal golpea nuevamente al transporte público en Lima. Esta vez, la empresa de buses ETMOSA, que cubría la ruta entre San Martín de Porres y Callao, anunció el cierre de sus operaciones debido a los constantes ataques y amenazas de extorsión que han puesto en riesgo la vida de conductores, cobradores y pasajeros.
Según denunciaron los propios trabajadores, las bandas delictivas les exigen el pago de 50 mil soles como cuota única y, además, un monto diario de 30 soles por cada unidad en circulación, bajo amenazas de muerte y atentados. Esta situación los obligó a detener sus actividades de manera indefinida, afectando directamente a más de 200 personas que dependían económicamente de la empresa, además de cientos de usuarios que utilizaban a diario esta ruta.
Extorsión y ataques constantes en ruta
En diálogo con medios de comunicación, un conductor de la línea detalló que los últimos ataques ocurrieron entre el domingo y el lunes. En uno de los casos, delincuentes interceptaron a un compañero en plena ruta y lo amenazaron con un arma de fuego en la zona de Canta Callao. “Hay miedo de verdad, mucho miedo. Queremos una solución, pero no tenemos apoyo ni respaldo”, señaló.
La situación se agravó porque la empresa ya había perdido a un trabajador meses atrás como consecuencia de las extorsiones. Este hecho marcó un precedente de temor permanente entre los choferes, quienes aseguran que en cualquier momento podrían ser víctimas de un ataque similar.
Los representantes de ETMOSA indicaron que no solo se trata de una organización, sino de varias bandas que operan al mismo tiempo. En algunos casos, incluso logran obtener los números telefónicos de los trabajadores para enviar amenazas directas mediante llamadas o mensajes acompañados de fotografías de explosivos y armas de fuego.
“Son más de dos o tres bandas. Uno ya no sabe de dónde viene la amenaza”, relató un miembro del personal, evidenciando el nivel de vulnerabilidad que enfrentan diariamente.
Más de 80 vehículos paralizados y vecinos afectados
La paralización afecta a una flota de más de 80 unidades que solían cubrir trayectos clave en Lima Norte, como la avenida Faucett y la propia Canta Callao, rutas que conectaban zonas residenciales con centros laborales, comerciales y de estudio.
La decisión de detener las operaciones impacta también en la economía local. Vendedoras ambulantes que ofrecían desayunos en los paraderos expresaron su preocupación por la suspensión. “Yo me afecto porque los que me compran son ellos. Todos estamos afectados”, comentó una comerciante de la zona.
De esta forma, la cadena de afectados se extiende más allá de los trabajadores formales de la empresa. Los pasajeros habituales, que utilizaban esta línea para trasladarse diariamente, se han visto obligados a buscar alternativas más costosas o inseguras en medio del caos del transporte público limeño.
Falta de apoyo y reclamo por seguridad
Uno de los reclamos más reiterados por parte de los choferes y cobradores de ETMOSA es la ausencia de medidas de seguridad concretas. Hasta la fecha, aseguran que no han recibido protección policial permanente ni un plan articulado que les permita seguir trabajando con garantías mínimas de seguridad.
“No tenemos infiltrados, no hay seguridad, no hay nada que nos respalde. Queremos seguridad también”, manifestó un conductor con evidente preocupación.
Los testimonios reflejan un escenario en el que las extorsiones han convertido a los trabajadores en blanco fácil de las bandas criminales. La falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades ha profundizado el temor, al punto de obligar al cierre total de la empresa.
Lo ocurrido con ETMOSA es un reflejo de una problemática creciente en Lima y otras ciudades del país: la extorsión al transporte público. Según cifras de gremios de transportistas, las bandas delictivas han convertido estas actividades en un negocio ilícito, donde las amenazas, atentados y asesinatos se utilizan como método de presión para exigir pagos.
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