El Tribunal Constitucional (TC) resolvió la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo en contra del Ministerio Público y dispuso suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato, el 28 de julio de 2026. La decisión establece un límite a las pesquisas fiscales, aunque sin cerrar del todo la posibilidad de indagaciones iniciales.
No obstante, el constitucionalista Heber Joel Campos explicó en entrevista con RPP que la Fiscalía sí puede realizar ciertas diligencias contra un mandatario en funciones, pero no llevar la investigación más allá de la etapa preliminar. “El tribunal ha dicho ‘es posible hacer estas diligencias incipientes, pero no se puede ir más allá de ello’”, sostuvo.
Alcance del artículo 117
El especialista recordó que el artículo 117 de la Constitución define los únicos delitos por los que un presidente puede ser acusado durante su mandato: traición a la patria, impedir las elecciones, cerrar arbitrariamente el Congreso, o evitar el funcionamiento de organismos del sistema electoral como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En ese sentido, Campos precisó que el fallo del TC permite que el Ministerio Público realice solo diligencias iniciales como la toma de declaración en Palacio de Gobierno, pedidos de información o requerimientos documentales.
“Una vez que estas diligencias preliminares ocurren, automáticamente se suspende la investigación y se reabre cuando el presidente deja el cargo”, explicó para el citado medio.
¿Qué sucederá con las investigaciones en curso?
Tras el pronunciamiento, las pesquisas deberán detenerse hasta el fin del mandato de Boluarte, incluso si los indicios apuntan a supuestos delitos no contemplados en el artículo 117. Para Campos, esta restricción genera un riesgo de que las indagaciones queden estancadas.
“Aquí el Tribunal lo que ha dicho es que simplemente se puede hacer un pedido de información, pero no más que eso. Me parece que eso eventualmente podría poner en cuestión el avance de estas investigaciones y el esclarecimiento de los hechos vinculados con ellas”, advirtió el especialista para RPP. Es decir, la decisión implica que la Fiscalía podrá acumular información inicial, pero no avanzar hacia una investigación más profunda hasta que la jefa de Estado concluya su gestión en 2026.
¿Congresó aún puede vacar a un presidente?
Respecto al impacto de esta resolución en la estabilidad política, Campos subrayó que el fallo no representa un blindaje total a la figura presidencial.
“No enerva el hecho de que el Congreso pueda declarar la vacancia presidencial por cualesquiera otros supuestos distintos a los vinculados con esas investigaciones, o incluso basados en ellas mismas, porque es una atribución diferente”, indicó.
En otras palabras, la suspensión de investigaciones fiscales no limita al Parlamento para aplicar la vacancia presidencial si considera que existen causales políticas o constitucionales. Con ello, el TC ha marcado un equilibrio: restringe el accionar del Ministerio Público mientras Boluarte continúe en funciones, pero mantiene incólume la facultad del Legislativo de decidir sobre su permanencia en el cargo.
Abogado de Dina Boluarte saluda fallo
El abogado Joseph Campos, defensor legal de la presidenta Dina Boluarte, explicó en entrevista con RPP que el reciente fallo del Tribunal Constitucional busca preservar la autoridad del mandatario y garantizar que ejerza el cargo con plena capacidad de decisión. Aclaró que la medida no significa impunidad, sino una protección temporal mientras la jefa de Estado se mantenga en funciones.
Campos precisó que esta decisión permitirá que la Presidencia se concentre en la gestión del país, evitando que las investigaciones fiscales en curso se conviertan en mecanismos de presión política que puedan desestabilizar al Ejecutivo. “El presidente debe gobernar en tranquilidad, no acosado por denuncias”, sostuvo el abogado en declaraciones a la emisora.
El constitucionalista agregó que la resolución del TC limita la actuación del Ministerio Público a tres diligencias concretas: la toma de declaraciones —hasta dos veces en Palacio de Gobierno—, la solicitud de información y la recepción de documentos. Todas las demás medidas, como allanamientos o disposiciones cautelares, quedan suspendidas mientras Boluarte continúe en el cargo.
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