189 municipalidades provinciales y 5 distritos de Lima Metropolitana —Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Rímac— formaron parte del operativo ejecutado por la Contraloría General de la República para supervisar la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), que atiende a personas en situación de pobreza y a pacientes con tuberculosis a través de comedores populares, ollas comunes y el Programa de Alimentación para el Paciente con Tuberculosis (PANTBC).
En lo que va del 2025, los gobiernos locales recibieron más de S/ 652 millones para este fin; sin embargo, al cierre del primer semestre, se reporta una baja ejecución presupuestal. En el PCA, Cusco (15 %), Áncash (22.4 %) y Apurímac (25.9 %) figuran como las regiones con menor avance.
Mientras que, en el PANTBC, los niveles más bajos corresponden a Áncash (10.2 %), Apurímac (11 %) y Arequipa (16.8 %). Esta situación compromete la entrega oportuna de alimentos a más de un millón de personas.
Control preventivo para asegurar calidad y entrega
El contralor general, César Aguilar, precisó que el operativo abarca la supervisión de todo el proceso, desde la compra de alimentos hasta su distribución final, con el fin de prevenir irregularidades y fortalecer la transparencia.
“Queremos asegurarnos de que los alimentos lleguen a quienes los necesitan, en buen estado y en la cantidad adecuada. Buscamos prevenir riesgos antes de que ocurran y garantizar un verdadero retorno social de los recursos públicos”, indicó.
La cobertura alcanza el 81.5 % de los gobiernos locales del país, donde se han detectado deficiencias como retrasos en la entrega de productos y debilidades administrativas que afectan la calidad de la atención.
Denuncias en el Congreso por productos en mal estado
El 11 de agosto, durante la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero del Congreso, presidida por el legislador Roberto Kamiche Morante (APP), funcionarias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) detallaron que el PCA se ejecuta de forma descentralizada en 238 gobiernos locales —195 provinciales y 43 distritales de Lima—, y que los comités de gestión alimentaria eligen los productos que recibirán.
En la misma reunión se abordaron denuncias sobre la entrega de “sangrecita” en mal estado por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Abilia Ramos Alcántara, vicepresidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, afirmó que el producto llegó en pésimas condiciones:
“Seremos pobres, pero somos dignos. Nosotros comemos sangrecita, pero nunca en ese estado. Por advertirlo, el alcalde de Lima nos ha insultado y acusado falsamente de cargos graves”.
Kamiche advirtió la necesidad de reforzar los mecanismos de control en el Midis y en la Municipalidad de Lima para proteger la salud alimentaria de la población más vulnerable:
“La falta de transparencia y el uso indebido de recursos públicos en la entrega de alimentos en malas condiciones podría poner en grave peligro a miles de peruanos. Exigimos controles estrictos de calidad para impedir que esto vuelva a repetirse”.
Deficiencias estructurales detectadas por la Defensoría del Pueblo
En abril, la Defensoría del Pueblo informó sobre la supervisión a 100 municipalidades provinciales, 10 distritales de Lima y 22 distritos de zonas de pobreza extrema, encontrando problemas en la adquisición y distribución de alimentos en un 56.36 % de las comunas evaluadas, de los cuales el 30.65 % se atribuye a deficiencias de gestión.
Casos críticos incluyen a Chillia (La Libertad), que no había recibido alimentos por falta de presupuesto, y a Sartimbamba, donde las 26 ollas comunes no reciben atención del gobierno central. En Condomarca (La Libertad), el transporte de alimentos se realiza a lomo de mula, mientras que en Cocharcas (Apurímac) operan ollas comunes sin reconocimiento oficial.
La Defensoría alertó también que los registros de beneficiarios presentan inconsistencias entre las cifras del Midis y las reportadas por los municipios. Ante ello, propuso modificar el modelo de distribución económica, transfiriendo el presupuesto directamente a núcleos ejecutores integrados por representantes de los programas alimentarios, autoridades locales, subprefecturas y juzgados de paz, para evitar retrasos y mejorar la eficiencia.
En 2025, el Perú atraviesa una preocupante crisis de inseguridad alimentaria que afecta a más de 17 millones de personas, es decir, al 51.7 % de su población. Este escenario, marcado por la inseguridad alimentaria moderada o severa, deteriora la calidad de vida de millones de hogares y se refleja en el incremento de casos de desnutrición y anemia infantil, problemas que amenazan el desarrollo integral de las nuevas generaciones.
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