Municipalidad de Surco dará plazo de 45 días para demoler estructuras que invaden 11 parques en urbanización exclusiva

En Santiago de Surco, la ocupación ilegal de espacios destinados a uso común ha encendido las alarmas municipales. Una investigación del programa Punto Final reveló que en la urbanización Los Álamos de Monterrico, considerada una de las zonas más exclusivas del distrito, existen áreas verdes transformadas en jardines privados, ampliaciones de viviendas y hasta espacios con piscinas, en terrenos que originalmente fueron concebidos como parques para toda la comunidad.

Tras la difusión del informe televisivo, la Municipalidad de Surco confirmó que ha detectado 11 parques ocupados de manera irregular por 213 lotes. Las autoridades han iniciado un proceso administrativo para restituir los espacios públicos y han otorgado un plazo de 45 días a los propietarios para retirar las construcciones que invaden las áreas comunales. De no cumplirse el mandato, se procederá a la demolición forzada con maquinaria pesada y apoyo de la fuerza pública.

213 lotes bajo observación municipal

El municipio surcano informó que el caso de Los Álamos de Monterrico no es aislado, pero sí el de mayor magnitud registrado en los últimos años. Los 213 lotes notificados abarcan propiedades de alto valor económico, cuyos dueños incorporaron áreas comunales a sus terrenos, alterando el diseño urbano y reduciendo el espacio destinado a la recreación vecinal.

La identificación de estos casos se realizó mediante inspecciones técnicas y revisión de planos originales de habilitación urbana. Según el municipio, cada propietario fue notificado personalmente y se les advirtió que el incumplimiento del plazo de 45 días activará la ejecución forzosa de la restitución.

La difusión de este caso ha cobrado mayor interés mediático porque entre los inmuebles observados figuran propiedades vinculadas a personas conocidas. Entre ellas se encuentra la congresista María Acuña, quien fue señalada por presuntamente ocupar parte de un parque en esta misma urbanización, y el comediante Edwin Sierra, involucrado en una denuncia similar. Ambos casos han sido objeto de reportes en diversos medios de comunicación, lo que ha puesto el foco sobre la magnitud del problema en Surco.

Recuperación de áreas en todo el distrito

La actual gestión municipal señaló que los operativos no se limitarán a sectores de alto poder adquisitivo. Desde el inicio de la administración, se han recuperado 18 espacios públicos en diferentes zonas de Surco, sumando más de 4 600 metros cuadrados liberados que estaban ocupados de manera ilegal.

Entre las áreas restituidas figuran terrenos en asentamientos humanos y zonas residenciales consolidadas. En todos los casos, el procedimiento incluye verificación técnica, notificación formal y, de ser necesario, la demolición de estructuras construidas sobre bienes de uso público.

Plazo definido y acciones firmes

El gobierno local destacó que el plazo de 45 días para la demolición voluntaria es improrrogable. Las autoridades indicaron que cuentan con facultades legales para intervenir una vez vencido el tiempo, sin necesidad de obtener autorizaciones judiciales adicionales.

Para los operativos, el municipio dispone de maquinaria pesada y coordina con la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante las intervenciones. También se emplea personal de serenazgo y fiscalización, con el fin de evitar que los espacios liberados vuelvan a ser ocupados.

Medidas sin distinción socioeconómica

La municipalidad reafirmó que las acciones para recuperar espacios públicos se aplicarán en todo el distrito, tanto en barrios acomodados como en zonas populares. La administración remarcó que no se harán excepciones y que el uso privado de áreas verdes destinadas al disfrute colectivo constituye una falta grave que afecta el derecho de los vecinos a contar con espacios de recreación.

En paralelo, se anunció que se reforzará la vigilancia de parques y jardines comunales, así como la actualización del catastro distrital, para prevenir nuevas invasiones y garantizar que los bienes de uso público permanezcan accesibles para toda la población.