La reciente acusación del presidente Gustavo Petro contra el gobierno peruano por una supuesta “apropiación” de territorio colombiano en la isla Santa Rosa ha encendido nuevamente las tensiones diplomáticas entre ambos países. El mandatario colombiano sostiene que el Perú habría violado el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 al promulgar una ley para consolidar la presencia estatal en la zona fronteriza, lo que, según él, afectaría la economía de Leticia, capital del Amazonas colombiano.
Desde el Congreso peruano, el parlamentario Jorge Morante, representante de Loreto, respondió con firmeza a las declaraciones de Petro, acusándolo de buscar un conflicto inexistente y recordando que la soberanía sobre la isla está plenamente reconocida por Brasil, país que comparte la triple frontera amazónica.
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“Yo le diría al señor Petro y a la población colombiana que mejor se queden calladitos, tranquilitos la cosa, porque si quieren que entremos a discutir sobre cómo vinieron a hacer esos tratados y qué fue lo que se definió en ellos, no creo que les guste cómo terminen las cosas”, advirtió en entrevista con Canal N.
“Flaco favor le hace a su país”

Para Morante, el origen de la tensión radica más en problemas internos de Colombia que en una verdadera controversia limítrofe. “Yo creo que el señor Petro tiene muchísimos problemas al interior de su país y que en realidad quiere generar un conflicto donde no lo existe”, sostuvo. El legislador recordó que la mayor parte de la isla de Santa Rosa se ubica frente a territorio brasileño y que solo una fracción mínima está frente a Leticia.
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“Si tú te das cuenta y tenemos un contacto geográfico real con la zona, la mayor parte de la isla de Santa Rosa queda frente a Brasil, es decir, solamente una puntita queda frente a Leticia, y con Brasil no tenemos ningún problema que reconoce plenamente la soberanía del Perú sobre la isla”, expresó.
Morante también repasó la historia de la región, señalando que varios poblados del interior del trapecio amazónico colombiano llevan nombres como Tarapacá o Arica, recordando territorios perdidos por el Perú en la Guerra del Pacífico. “Justamente para, digamos, llamar la atención sobre nuestros territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. Entonces, en realidad el señor Petro creo que flaco favor le hace a su país haciendo generar un problema que en realidad no existe”, agregó.
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Disputa por la isla Santa Rosa

La isla Santa Rosa, ubicada en la región Loreto, frente a Leticia y Tabatinga (Brasil), es uno de los puntos más sensibles de la triple frontera amazónica. Aunque siempre ha contado con autoridades peruanas y presencia de las Fuerzas Armadas, su ubicación frente al puerto colombiano la convierte en un espacio de interés estratégico. Según Petro, la reciente creación del distrito de Santa Rosa sería una “apropiación unilateral” que vulnera el Tratado Salomón-Lozano y el Protocolo de Río de Janeiro.
La tensión entre Perú y Colombia por esta zona tiene raíces de más de un siglo. En 1922, el Tratado Salomón-Lozano fijó como frontera el río Putumayo y otorgó a Colombia el trapecio amazónico, incluyendo el acceso al río Amazonas a través de Leticia. Este acuerdo fue ratificado en 1928, pero no frenó las tensiones. En 1932, ciudadanos peruanos tomaron Leticia, desencadenando la guerra colombo-peruana, que se resolvió con la mediación de la Liga de las Naciones.
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El Protocolo de Río de Janeiro, firmado el 24 de mayo de 1934, ratificó los acuerdos previos y cerró la disputa limítrofe, estableciendo que la frontera amazónica seguiría la línea más profunda del río Amazonas. El tratado, que sigue vigente, solo puede modificarse por acuerdo mutuo o decisión de un tribunal internacional.
La isla Santa Rosa se formó por cambios morfológicos del río, originalmente unida a la isla Chinería. Aunque siempre estuvo bajo administración peruana, Colombia sostiene que, al ubicarse al norte de la línea más profunda, debe ser “asignada” mediante un proceso binacional. En 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú reafirmó su soberanía tras declaraciones del director de Soberanía Territorial de Colombia, que calificó su presencia como “ocupación irregular”.
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