El premier Eduardo Arana reconoció que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no promoverá una denuncia contra el pacto de San José para retirar a Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En entrevista con RPP Noticias, el periodista Fernando Vivas le consultó a Arana si la posibilidad de una denuncia al pacto de San José “está lejana”, a lo que el premier únicamente respondió con un simple “así es”.
“Será para un próximo Gobierno donde ya se verá cuál es la correlación de fuerzas respecto a este tema”, prosiguió Vivas. El jefe del gabinete no refutó dicha afirmación.
Previamente en la entrevista, Eduardo Arana aseguró que asumió el “compromiso” de abrir el debate sobre una posible salida del Estado peruano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Uno de los compromisos que yo asumí atendiendo a la preocupación de la ciudadanía y de algunos congresistas, se coordinó con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de que demos apertura a una comisión que escuche. Un debate que está puertas abiertas”, dijo Arana.
En efecto, el canciller Elmer Schialer indicó que se creará una comisión para tratar la permanencia de Perú en el SIDH, donde también participarán "actores sociales, civiles y académicos”. “La idea es consultar a todos. No se tomará una decisión unilateral”, indicó.
Boluarte pierde los papeles
La defensa pública de la presidenta Dina Boluarte a la Ley de Amnistía para militares y policías revela una confrontación directa con la Corte IDH y una apuesta arriesgada por blindar a sectores vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. Durante una ceremonia policial, Boluarte reafirmó que no permitirá una “intervención” internacional, en franco desacato ante la reciente advertencia del tribunal que exigió la suspensión de la ley, amparándose en antecedentes de crímenes de lesa humanidad como Barrios Altos y La Cantuta.
Las declaraciones de Boluarte hacen eco del discurso oficialista sobre soberanía nacional, pero omiten la responsabilidad internacional del Estado peruano en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia para las víctimas. La Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso y respaldada por el Ejecutivo, exime de responsabilidad penal a miembros de las fuerzas públicas involucrados en violaciones durante el conflicto interno, lo que contraviene fallos y estándares internacionales.
El Ministerio de Justicia ha defendido la ley bajo el argumento de la “autonomía” y la “subsidiariedad”, responsabilizando a la Corte IDH de extralimitarse en sus funciones. Sin embargo, voces de la sociedad civil y especialistas advierten que la norma representa un retroceso en materia de verdad, justicia y reparación, colocando en entredicho el compromiso del Estado con los tratados internacionales y la memoria de las víctimas.
La postura oficial, sustentada también por el ministro del Interior Carlos Malaver, prioriza una visión de “defensa de la soberanía” pero elude las obligaciones asumidas por el Perú en instancias supranacionales. Este enfoque ignora llamados de la Fiscalía de la Nación y de familiares de víctimas, que han subrayado la inadmisibilidad de leyes de amnistía en casos de lesa humanidad y rechazan la pretensión de cerrar investigaciones y procesos en curso.
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