
Un nuevo caso ha generado indignación en la provincia de Sihuas, región Áncash. En la olla común San Fernando del Ahijadero, ubicada en el distrito de Huayllabamba, madres y padres de familia encontraron gusanos dentro de conservas de anchoveta en salsa de tomate que fueron repartidas como parte de los programas sociales impulsados por la Municipalidad Provincial de Sihuas. El hecho ocurrió el pasado fin de semana y ha desatado una ola de reclamos en redes sociales y ante las autoridades locales.
La denuncia incluye fotografías del contenido de las latas, en las que se aprecian parásitos visibles entre el alimento. Vecinos exigieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía Provincial de Sihuas, señalando que este tipo de productos representan un riesgo para la salud, especialmente de niñas y niños que dependen de la alimentación popular. “No se puede permitir que se repartan alimentos en mal estado. Pedimos que se investigue a fondo al proveedor y se sancione a los responsables”, expresaron.
Municipalidad de Sihuas responde y asegura investigación interna tras la denuncia

Tras la difusión de la denuncia en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Sihuas, presidida por el alcalde Demetrio Buiza Picón, emitió un pronunciamiento público rechazando “toda afirmación que vincule directamente a la entidad con la entrega de productos en mal estado sin una investigación previa”. En su comunicado, invocaron el derecho al buen nombre institucional y recordaron que la adquisición de alimentos se realiza mediante procesos públicos de selección, bajo la Ley de Contrataciones del Estado.
Según la comuna, la responsabilidad de la calidad del producto recae en el proveedor adjudicado, quien debe cumplir con los estándares establecidos por Digesa y Senasa, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además, afirmaron que se realizan controles aleatorios de calidad al momento de recibir los productos.
A raíz del hallazgo, la municipalidad anunció una investigación interna inmediata para identificar el lote cuestionado, además de requerir al proveedor un informe detallado sobre la trazabilidad del producto. También informaron que coordinarán con la Dirección Regional de Salud de Áncash para realizar un análisis sanitario y determinar si hubo contaminación. Asimismo, ofrecieron brindar todas las facilidades a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo para esclarecer los hechos.
En abril también hubo escolares intoxicados en Áncash: otro caso vinculado al programa Wasi Mikuna
El caso en Sihuas ha generado preocupación entre las familias beneficiarias del programa social y revive las quejas recientes sobre irregularidades en la distribución de alimentos, como las reportadas en el marco del programa Qali Warma y Wasi Mikuna.
El 24 de abril de 2025, 12 estudiantes de primaria de la institución educativa Ricardo Palma de Acopampa, en la región Áncash, fueron trasladados de emergencia al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, luego de presentar síntomas de intoxicación alimentaria. Todos los menores habían consumido productos entregados por el programa escolar Wasi Mikuna, que había reemplazado a Qali Warma meses atrás. Entre los síntomas reportados estaban náuseas, diarrea, vómitos y dolor abdominal.
El director del centro médico de Carhuaz confirmó que los menores fueron estabilizados con hidratación intravenosa, y aunque once fueron dados de alta, uno permaneció bajo observación médica. Ante este nuevo episodio, el galeno pidió alertar a todas las UGEL de la región para suspender la distribución de alimentos del programa, advirtiendo que estos “no están garantizados para el consumo humano”, según declaraciones recogidas por medios locales.
Este incidente se sumó a otros reportes de intoxicación vinculados al mismo programa en regiones como Piura, Ayacucho y Loreto, lo que llevó al Gobierno a declarar en emergencia el servicio de alimentación escolar y anunciar la desactivación progresiva de Wasi Mikuna. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el sistema presentaba deficiencias graves en su cadena de almacenamiento y distribución, y durante el estado de emergencia —vigente hasta el 31 de diciembre de 2025—, se implementarán nuevas modalidades alimentarias, como subsidios económicos directos.
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