La mañana del 30 de julio, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad llegó hasta la sede del Gobierno Regional de La Libertad, ubicada en la Plaza de Armas de Trujillo, para ejecutar una diligencia de exhibición de documentos relacionada a dos licitaciones públicas que superan los 300 millones de soles. Esta acción fue encabezada por el fiscal provincial Víctor Bazán Alagón y responde a denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos de selección y adjudicación de contratos durante la gestión del gobernador César Acuña.
La controversia estalló luego de que se revelara que ambas licitaciones — el mejoramiento del Corredor Vial Norte (por S/121 millones) y la ampliación del Hospital de Virú (por S/194 millones) — fueron otorgadas a la empresa LC y EC Constructora Consultora y Servicios S. A. C., fundada en 2023 y representada por Lucero Nicole Coca Condori, una joven de 23 años, sin experiencia profesional ni técnica en obras públicas.
Una empresa sin trayectoria, contratos millonarios y reuniones previas con Acuña
La empresa LC y EC Constructora, inscrita en la Sunarp mientras Coca Condori aún cursaba el octavo ciclo de Derecho, no registra antecedentes en la ejecución de obras similares ni cuenta con personal técnico calificado. A pesar de ello, logró adjudicarse en menos de un año dos proyectos estratégicos para la región norte del país. El 99,95 % de las acciones de la compañía pertenecen a la joven empresaria, cuya dirección fiscal figura en el distrito chalaco de Mi Perú, en Lima.
Uno de los hechos que ha generado más sospechas es que el padre de la empresaria, Juan Carlos Coca Rojas, figura en registros de visitas como uno de los asistentes a una reunión con César Acuña en la sede del Gobierno Regional en marzo de 2025, apenas semanas antes de que se oficializaran las adjudicaciones. La cita duró más de dos horas. Ni el gobernador ni sus gerentes —Martín Namay (Gerente General) y Jorge Bringas (Gerente de Infraestructura)— han dado declaraciones públicas al respecto.
Además, según constató un equipo del programa Panorama, el entorno familiar de Lucero Coca reaccionó con agresiones físicas cuando se intentó recoger su versión. Su padre negó conocerla, pese a figurar en registros oficiales como su progenitor, y fue visto conduciendo un vehículo a nombre de ella. La madre, Esther Condori, copropietaria de la empresa, también aseguró no tener conocimiento de los contratos estatales.
La falta de información técnica, los cambios en el perfil profesional de Coca Condori en redes como LinkedIn —donde se presentaba como practicante en una notaría hasta días antes del escándalo— y el hecho de que la empresa no tiene sede en La Libertad, sino en Lima, han motivado que el Consejo Regional inicie también sus propias investigaciones. Se está coordinando la citación del gobernador César Acuña y de sus funcionarios al pleno regional para que rindan cuentas sobre el proceso que permitió que una firma sin experiencia gane licitaciones millonarias.
Acuña niega relación con joven empresaria y anuncia medidas legales por reportaje
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, respondió públicamente a los cuestionamientos que lo vinculan con la empresa LC y EC Constructora, la cual recibió contratos por más de S/300 millones durante su administración. A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el también líder del partido Alianza para el Progreso rechazó cualquier relación con la joven de 23 años que figura como accionista mayoritaria de la firma y con los procesos de adjudicación que le permitieron obtener dos megaproyectos regionales.
En su pronunciamiento, Acuña calificó como “falsa” la información que lo relaciona con la compañía creada en 2023 y exigió una rectificación inmediata a los medios que difundieron el reportaje. También aseguró que su imagen ha sido dañada por lo que considera “acusaciones infundadas”, motivo por el cual adelantó que tomará acciones legales contra quienes continúen difundiéndolas. El comunicado fue difundido horas después de que la Fiscalía ejecutara una diligencia en la sede del Gobierno Regional para recabar documentos sobre los contratos en cuestión.
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