Eduardo Arana acusa a la Corte IDH de hacer activismo político y horadar la soberanía: “Debe autorregularse”

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, rechazó el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que solicitó la suspensión inmediata del trámite de la llamada Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso y aún pendiente de promulgación por parte del Ejecutivo. El jefe del gabinete consideró que la petición constituye una intromisión que afecta la soberanía nacional, al interferir en las facultades y procesos internos del Estado peruano.

Las declaraciones del premier se produjeron luego de que la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, emitiera el 24 de julio una resolución exigiendo al Perú interrumpir el procedimiento legislativo del proyecto de Ley 7549/2023-CR. Esta norma propone otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que enfrentan procesos o condenas por delitos cometidos durante el conflicto interno entre 1980 y 2000, en el marco de los casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta.

En entrevista con RPP, Arana remarcó que el Estado peruano se rige por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero advirtió que la Corte IDH debe mantenerse dentro de los límites de sus atribuciones y evitar un rol activo en los asuntos internos de los países miembros. “Deberían autorregularse sabiendo cuáles son sus límites y cuáles son sus atribuciones. Para eso la OEA también tendrá que evaluarlo. No es un problema solamente de nuestro país, sino de América, porque no solamente el Perú ha sido sometido a estas decisiones que, para nosotros, horadan nuestra soberanía”, afirmó el primer ministro.

Arana también sostuvo que la Corte debe ceñirse a su propio marco jurídico y actuar estrictamente bajo el reglamento y el sistema internacional, sin incurrir en “activismo político”. A su juicio, emitir opiniones que pueden condicionar la acción de los poderes Legislativos y Ejecutivos supone sobrepasar el mandato de la Corte. “Cuando la Corte opina, está haciendo activismo, entonces que se dediquen a una actividad política, pero si la Corte lo que hace es fallar, entonces los fallos deben ser arreglados al reglamento y al sistema internacional”, agregó.

Mencionó que el Ejecutivo aún se encuentra evaluando la norma y la decisión sobre su eventual promulgación será anunciada próximamente por el Gobierno. No obstante, enfatizó la relevancia de que no se desconozcan las competencias propias de las instituciones nacionales. “No deberían existir antecedentes donde se invadan la potestad del Congreso o del Ejecutivo, que son quienes tienen la facultad de decidir si la aprueban o no”, apuntó.

La solicitud de la Corte IDH fue motivada por la preocupación de que la Ley de Amnistía pueda vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyos fallos, emitidos en 2001 y 2006, condenaron al Estado peruano por graves violaciones a los derechos humanos y actualmente se hallan bajo supervisión internacional. La resolución del organismo supranacional incluyó la convocatoria a una audiencia pública en Costa Rica, por celebrarse el 21 de agosto, en la que participarán tanto el Estado peruano como representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese contexto, Arana reiteró la necesidad de mantener un cuidadoso equilibrio entre el respeto a los compromisos internacionales asumidos por el Estado y la defensa de la soberanía jurídica nacional. El premier destacó: “Se debe tener mucho cuidado sobre las facultades que la Corte Interamericana tiene respecto a la soberanía jurídica del país”.