Gestión de César Acuña otorga S/300 millones a empresa sin experiencia cuya dueña es una joven de 23 años

La reciente adjudicación de más de S/300 millones en obras públicas por parte del Gobierno Regional de La Libertad ha despertado cuestionamientos sobre los mecanismos de selección de contratistas en la gestión de César Acuña. La empresa beneficiada, constituida en 2023, pertenece a Lucero Nicole Coca Condori, una joven de 23 años que terminó la universidad en diciembre del año pasado y no presenta antecedentes en el rubro de la construcción ni dirección de proyectos.

A través de un reportaje de Panorama se reveló que la compañía LC y EC Constructora, de la cual Coca Condori es accionista mayoritaria, obtuvo dos importantes licitaciones: el mejoramiento del Corredor Vial Norte y la ampliación del Hospital de Virú. El monto conjunto de ambas supera los 300 millones de soles. El caso también involucra episodios de agresión contra reporteros que intentaban recoger declaraciones de la joven y su entorno familiar.

Contratos millonarios sin sustento técnico

Según documentos oficiales, la empresa LC y EC Constructora se inscribió en registros públicos cuando su fundadora aún cursaba el octavo ciclo de Derecho. En menos de un año, fue seleccionada para ejecutar dos megaproyectos en La Libertad: uno valorizado en S/121 millones y otro en S/194 millones. No se encontraron antecedentes de obras anteriores ni personal calificado registrado en la empresa.

La falta de experiencia ha generado preocupación entre diversas instituciones. Eduardo Herrera, titular de la Defensoría Nacional Anticorrupción, cuestionó cómo se puede confiar a una recién egresada la ejecución de infraestructura clave para la región. Hasta el momento, no se han difundido detalles técnicos sobre los procedimientos que permitieron la adjudicación.

Agresiones a la prensa y versiones contradictorias

Durante un intento por contactar a la empresaria en la dirección que figura en Reniec, ubicada en el distrito chalaco de Mi Perú, el equipo periodístico de Panorama fue atacado físicamente. Juan Carlos Coca Rojas, padre de Lucero Coca, negó conocerla pese a figurar como su progenitor en registros oficiales. Incluso, se le vio conduciendo un vehículo a nombre de ella, situación que evitó explicar.

La madre de la joven, Esther Condori, también reaccionó de forma agresiva al ser consultada. A pesar de ser copropietaria de la empresa, aseguró desconocer la existencia de contratos con el Estado. Las respuestas evasivas y contradictorias de los familiares encendieron aún más las alarmas sobre el trasfondo de este caso.

Cambios en su perfil público

Antes de que el reportaje saliera al aire, Lucero Coca se presentaba en LinkedIn como estudiante de Derecho y practicante en una notaria. Días después, actualizó su perfil, colocándose como gerente de proyectos en el sector construcción. La notaría en la que dijo haber trabajado desmintió que formara parte de su equipo desde hace dos años y aclaró que solo fue practicante.

La empresa LC y EC, cuyo 99.95 % de acciones pertenece a Coca Condori, no aparece vinculada a ningún consorcio con trayectoria en el sector. Su sede tampoco está en La Libertad, sino en Lima. No existen registros de participación previa en procesos similares, ni de personal con experiencia técnica especializada en infraestructura hospitalaria o vial.

Reunión previa con el gobernador Acuña

El padre de Lucero Coca figura en registros oficiales como uno de los visitantes que se reunió con César Acuña en la sede del Gobierno Regional de La Libertad. El encuentro se produjo en marzo de este año, semanas antes de que la empresa de su hija ganara las licitaciones. La cita duró más de dos horas y no se ha precisado cuál fue el motivo.

El gerente de Infraestructura del gobierno regional evitó dar mayores declaraciones sobre la contratación. La versión de Lucero Coca, entregada por escrito, señala que su padre ha sido su guía en el sector construcción, debido a su experiencia previa, aunque no detalla en qué obras participó ni qué función tuvo. La joven afirma que su participación fue legítima y que se cumplieron todos los requisitos legales.