El expresidente Pedro Castillo, acusado por el supuesto intento de golpe de Estado en 2022, desobedeció este jueves las instrucciones de la jueza Norma Carbajal durante una audiencia en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y, como en ocasiones anteriores, reiteró su rechazo al proceso, al que calificó de “político”.
La audiencia, que comenzó en un ambiente tenso, se vio interrumpida cuando el exgobernante ignoró las solicitudes de la magistrada y se extendió en sus declaraciones. “Buenos días, soy el presidente de la República secuestrado y una vez más vengo a rechazar lo que decía el fiscal, que había entregado armas a la población y que el señor Castillo quería intervenir el sistema de justicia”, expresó.
“Rechazo ese juicio que es más político que jurídico”, añadió, a pesar de que la directora de debates solicitó en varias ocasiones que guardara silencio. La magistrada le recordó que su derecho a declarar debía limitarse a los hechos específicos de la imputación.
“Usted tiene todo el derecho de declarar sobre los hechos objeto de imputación, y si lo comunica al tribunal inmediatamente, se le habilita esta posibilidad, ya que el derecho le asiste”, aclaró Carbajal, tratando de restablecer el orden en la audiencia.

El exmandatario se encuentra en el banquillo de los acusados por el intento de golpe de Estado que, a su juicio, fue un acto legítimo en defensa de su gobierno. La intentona llevó a su destitución por parte del Congreso poco después de la intentona, así como al arresto de varios de sus colaboradores, incluidos los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.
Por este caso también serán juzgados los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, este último actual congresista, así como los oficiales de la Policía Nacional (PNP) Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
Castillo, quien enfrenta una pena de 34 años de prisión por este caso, emitió el 7 de diciembre de 2022 un mensaje a la Nación en el que expresó su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente. Además del juicio por rebelión, también enfrenta otros casos de presunta corrupción.
Incidente previo
En marzo pasado, se mostró desafiante ante el tribunal y rechazó la presencia de su defensa pública. “No necesito de esos servicios. El único delito que cometí es defender este pueblo”, dijo antes de señalar que el Ministerio Público ha “forzado el tipo penal” para encarcelarlo.
Posteriormente, intentó abandonar la sala, pero los magistrados negaron su requerimiento. “No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme? (...) Estoy aquí contra mi voluntad", dijo.
En otro momento, también criticó a la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha calculado un monto reparación civil de 65,4 millones de soles a ser pagados entre los eventuales condenados por este caso.
“Jóvenes robustos pidiendo millones de plata... que vayan a trabajar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa (para pagar eso). Nunca he cogido un arma. Dígame en qué momento se ha cerrado el Congreso. (...) Voy a retirarme porque quiero coordinar unos temas”, añadió.
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