Perú enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, reflejada en el marcado aumento de la violencia y las actividades criminales organizadas. Entre 2018 y 2024, los homicidios crecieron un 137 % y, solo entre 2021 y 2023, los casos de extorsión aumentaron un 370 %. Además, las exportaciones de oro ilegal han batido récords y constituyen el principal mecanismo de lavado de dinero en el país. Sin embargo, el problema trasciende lo policial y criminal: un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) subraya que la crisis de seguridad también es política, asociada a la actuación del Congreso de la República.
Según HRW, más de la mitad de los legisladores peruanos están bajo investigación criminal. El informe sostiene que las acusaciones de corrupción y otros delitos han sido empleadas con fines políticos, alimentando la inestabilidad institucional. Este contexto ha motivado a muchos parlamentarios a impulsar reformas y leyes que limitan la capacidad del Estado para combatir el crimen, garantizando de facto su propia protección e impunidad.
¿De qué manera el Congreso debilitó la lucha contra la criminalidad, según HRW?
El informe destaca que, en los últimos años, el Congreso aprobó leyes que dificultan la labor de los fiscales y la Policía. Una de las medidas más significativas fue la reducción de los plazos de prescripción para delitos de corrupción, establecidos en apenas un año desde mayo de 2023. Esto ha ocasionado la desestimación de varios procesos judiciales, incluyendo investigaciones contra altos funcionarios, como el entonces presidente del Congreso.
Otras reformas incluyen la restricción a los testigos cooperantes y la exigencia de grabar en video sus declaraciones, con el efecto concreto de desincentivar la colaboración en los procesos judiciales. Además, en julio de 2024 se estableció la presencia obligatoria de abogados defensores durante los allanamientos, lo que permite a los sospechosos manipular pruebas antes de su incautación. En paralelo, una nueva disposición prohíbe la confiscación de bienes vinculados a delitos hasta que exista condena, lo que facilita la ocultación de fondos ilícitos.
Christian Campos Vásquez, investigador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV), señala que estas normativas agravan una situación ya delicada, dada la falta de recursos y el exceso de trabajo en el sistema judicial y policial.
El Congreso peruano también ha promovido la designación de jueces y funcionarios a través de mecanismos poco transparentes, debilitando la independencia judicial. En marzo de 2024, destituyó a dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, en el marco de investigaciones por tráfico de influencias en la Fiscalía. Además, leyes recientes permiten a los legisladores sancionar o destituir jueces y fiscales sin observancia del debido proceso legal.
Al respecto, el analista Andrés Romaña considera que este conflicto institucional es una respuesta a lo que se percibe como un exceso de potestades del sistema judicial. Cita como ejemplo el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado durante años por presunta corrupción sin sentencia firme, pero sujeto a restricciones y medidas cautelares.
El informe de HRW también subraya la ofensiva legal contra la supervisión independiente. En abril, el Congreso aprobó una ley que limita el accionar de ONG financiadas por el extranjero, prohibiéndoles iniciar acciones legales contra el Estado, incluso en casos de violaciones de derechos o daños ambientales. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas y suspensión de actividades, restringiendo la labor de defensa de derechos.
De forma paralela, avanza una reforma para ampliar la penalización de la difamación y exigir retractaciones públicas en menos de 24 horas tras recibir una notificación, medida que expertos y periodistas ven como un intento de silenciar el periodismo investigativo. Procesos judiciales largos y costosos se utilizan como castigo, independientemente del resultado final, erosionando el control público sobre la gestión parlamentaria y gubernamental.
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