Una década de búsqueda internacional llegó a su fin con la detención de un ciudadano peruano en el barrio porteño de Nueva Pompeya, Buenos Aires. El hombre, de 45 años, se encontraba prófugo desde 2014, cuando la Justicia peruana lo señaló como autor material del homicidio del hijo de un alcalde, hecho ocurrido a la salida de un club nocturno. Sobre él pesaba una alerta roja de Interpol que había activado los protocolos de búsqueda en el ámbito regional.
El arresto se produjo durante un control de rutina a cargo de la División Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad, que realizaba tareas judiciales en la zona. Los agentes detectaron un vehículo Volkswagen Crossfox que circulaba a alta velocidad y solicitaron al conductor detener la marcha.
Ante la intervención, el individuo mostró respuestas evasivas y presentó documentación cuya autenticidad resultó dudosa: un documento internacional habilitante y una cédula peruana sin las medidas de seguridad requeridas, lo que facilitó su identificación.
La verificación de registros reveló que el detenido era efectivamente requerido por la Justicia peruana, acusado del asesinato del hijo de un alcalde diez años atrás. Los informes policiales, difundidos por Noticias Argentinas, señalan que el crimen se perpetró con arma de fuego y estuvo motivado por circunstancias aún bajo investigación del Ministerio Público peruano.
Tras su detención, las autoridades trasladaron al sospechoso a la sede judicial. La causa quedó a disposición de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5. Desde allí se impulsará el trámite de extradición para que el procesado pueda responder ante la Justicia del Perú, país desde el que era buscado desde 2014.
Extranjeros expulsados
El caso se inscribe en un contexto de mayor control sobre la permanencia de ciudadanos extranjeros procesados por delitos. En los días previos, la Policía Federal Argentina (PFA) había ejecutado la expulsión de un ciudadano uruguayo condenado por violación de domicilio, amenazas y desobediencia, quien fue entregado a las autoridades de Montevideo. Esta medida se enmarca en la aplicación del Decreto 366/2025, que redefinió los criterios para la admisión y permanencia de extranjeros con antecedentes penales en Argentina.
El procedimiento incluyó escolta y traslado del ciudadano uruguayo hasta la frontera, siguiendo instrucciones judiciales y migratorias. La iniciativa fue anunciada en una conferencia por el vocero presidencial Manuel Adorni, cuyo objetivo es reforzar la seguridad y el cumplimiento de las normas migratorias en todo el territorio nacional.
En la misma línea, el reporte gubernamental informó que cinco extranjeros originarios de Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay fueron expulsados durante los primeros días de vigencia del decreto, tras recibir condenas por delitos como robos agravados y portación de armas de guerra. Las acciones contaron con el despliegue de áreas especializadas del Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y fuerzas especiales policiales.
La captura del presunto autor del asesinato del hijo de un alcalde peruano en Buenos Aires marca un nuevo episodio en la cooperación judicial y policial regional. El caso avanza hacia la extradición, mientras se fortalecen los controles para garantizar que personas con antecedentes pendientes no eludan la acción de la justicia en la región.
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