Un grupo de choferes de la empresa de transporte colectivo El Rápido decidió suspender sus actividades este lunes 21 de julio, como respuesta al asesinato de uno de sus compañeros ocurrido el fin de semana en el distrito de Los Olivos. Desde la base ubicada en Carabayllo, un conductor —que brindó declaraciones en vivo para RPP— denunció que los trabajadores del volante son quienes enfrentan las balas, mientras que los dueños de la empresa permanecen al margen.
“Nos matan a nosotros, no a los jefes”, expresó. El testimonio hizo énfasis en que los extorsionadores atentan contra los choferes, no contra los dueños del negocio. “No somos del grupo empresarial”, remarcó, en un intento por deslindar de la administración de la compañía y las posibles deudas con organizaciones criminales. Según indicó, las amenazas son constantes, pero no reciben respuestas ni respaldo efectivo de la empresa.
Paro parcial: cinco rutas sin operación
La medida de protesta afectó cinco de las nueve rutas que la empresa mantiene activas. Según el mismo conductor, solo el 5 % del personal se animó a salir a trabajar este lunes, por decisión propia. “El 40 % estamos acá parados”, señaló frente a las cámaras, al referirse al grupo que decidió permanecer en la base como señal de protesta.
El transportista detalló que esta reacción no fue organizada por ningún sindicato, sino que surgió espontáneamente ante la falta de garantías. Aclaró además que al menos tres buses sí salieron a cumplir servicio, pese a las amenazas que se conocen en las calles.
“Si no salimos, nos sancionan”
Otro de los puntos denunciados fue la actitud de la empresa frente al temor de los trabajadores. Según explicó, quienes deciden no salir a manejar son castigados con suspensiones que van desde los 15 hasta los 30 días, lo que agrava su situación económica.
Contó que, desde la madrugada, representantes de la empresa recorrieron la base exigiendo una respuesta. “¿Vas a trabajar? Si no, estás sancionado”, fue la frase que —asegura— les dijeron cerca de las 3:00 de la mañana. Este hecho generó indignación, ya que los conductores consideran que están entre la espada y la pared: si trabajan, arriesgan la vida; si no lo hacen, pierden ingresos o son retirados temporalmente.
Exigen más seguridad y respuestas del grupo empresarial
Además de las quejas contra la empresa, los conductores demandan mayor protección policial. Afirmaron que los ataques suelen ocurrir cuando están operando, por lo que exigen patrullaje constante y presencia de agentes del orden en las rutas que cubren. “Siempre pasa cuando estamos trabajando”, reclamaron.
El vocero improvisado de los choferes también criticó que, tras el asesinato ocurrido días antes, la empresa no haya convocado a una reunión ni emitido un comunicado oficial para garantizar su seguridad. Considera que el silencio del grupo empresarial agrava la situación y genera más incertidumbre entre los trabajadores.
Posible adhesión a un paro nacional
Finalmente, el conductor indicó que varios de sus compañeros están considerando sumarse a un paro nacional de transportistas que se viene organizando en otras regiones. La medida aún está en evaluación, pero forma parte del malestar generalizado por la falta de condiciones mínimas para operar con seguridad.
La situación en Carabayllo expone nuevamente la presión que sufren los trabajadores del transporte informal en Lima, blanco frecuente de mafias de extorsión que exigen cupos a cambio de no atentar contra sus vidas. Mientras los casos se acumulan, los choferes afirman sentirse solos frente al crimen y sin respaldo institucional ni empresarial.
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