En el silencio extenso del valle de Supe, donde las construcciones de tierra y piedra permanecen como testigos de los primeros centros urbanos de América, la amenaza no proviene de los siglos, sino de intereses recientes. Allí, entre campos y caminos polvorientos, se levanta Caral, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, pero rodeada de tensiones que no ceden. Los investigadores, con la arqueóloga Ruth Shady al frente, vuelven a encender las alarmas por la situación de inseguridad que enfrentan desde hace años.
La escena que describen no es la de un sitio protegido por el Estado. En lugar de un resguardo permanente, hay un territorio abierto a quienes buscan apropiarse de tierras para negocios particulares. Los equipos que trabajan allí observan como maquinaria agrícola abre surcos en plena zona arqueológica, mientras las autoridades anuncian gestiones que no se concretan. La fragilidad del lugar no se explica por su antigüedad, sino por la falta de personal policial y por la disminución de presupuesto, según denuncia el propio equipo de investigación.
Los expertos de Caral se ha mantenido por más de tres décadas, recuperando datos esenciales para entender la civilización que ocupó esos valles miles de años atrás. Sin embargo, en la actualidad deben enfrentar amenazas directas de invasores que actúan sin impedimentos. Ruth Shady explicó a Infobae Perú que esta situación no es nueva, pero sí cada vez más riesgosa por el interés económico sobre las tierras cercanas. En sus palabras, “no tenemos ni siquiera un (seguridada). La casa del policía ahora está vacía”.
La arqueóloga recordó que hace algunos años había agentes permanentes y un vehículo asignado para proteger los once centros urbanos del valle de Supe y el que se ubica en el valle de Huaura. Pero, según indicó, la falta de presupuesto redujo esa presencia a cero. “Bueno, como ya ustedes habrán sabido, nosotros hemos informado que no tenemos policías todavía permanentes en el Valle. Antes teníamos siquiera cinco policías permanentemente, día y noche. Y había un vehículo que el Gobierno Regional de Lima compró para que la policía pudiese trasladarse de un sitio a otro sitio”, detalló.
Uno de los puntos más críticos señalados por Shady es la permanencia de un invasor dentro de la zona arqueológica. “Tenemos invasores en Caral que hasta ahora siguen adentro y no lo sacan. Uno de los invasores, por ejemplo, está desde el 2016 metido adentro y cada vez está con maquinaria abriendo más surcos dentro de la zona Caral, que es una zona arqueológica”, declaró. Esta presencia constante no solo altera el terreno, sino que expone la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Presupuesto reducido y seguridad mínima

El resguardo del sitio depende hoy de una empresa privada contratada tras gestiones recientes. “La ministra de Turismo nos ha dado ahora un presupuesto para poder contratar a una empresa privada porque dice que no tienen policía suficiente y la empresa privada acá la tenemos, son tres personas con un vehículo”, informó la arqueóloga. Esa protección, limitada y temporal, es la única barrera frente a los ocupantes ilegales que siguen dentro del sitio arqueológico.

En paralelo, la investigación también sufre recortes severos. La reducción de casi el 50% del presupuesto de Caral en 2024 llevó al despido de 80 trabajadores locales. Shady explicó: “Empecé a buscar presupuesto, pero en nuestro país se invierte muy poco en investigación, y en arqueología, menos todavía. De acuerdo a lo que se ha evaluado, solamente el 0.12% se invierte en investigación, y en arqueología es menos que eso”.
El precio de los terrenos en la zona se multiplicó en pocos años, lo que intensificó la presencia de traficantes de terrenos y grupos que buscan apropiarse de zonas protegidas. “Si antes una hectárea podía costar 6 mil dólares, ahora no baja de 38 mil”, comentó la arqueóloga. Esta situación ha llevado a que, según su testimonio, algunos ocupantes permanezcan en la zona desde 2016 con maquinaria agrícola que altera el suelo de Caral.
Los invasores no ocultan sus intenciones de establecer negocios turísticos o agrícolas dentro de áreas restringidas. “Quieren hacer ahí albergues, y de ahí empezar aparentemente con la agricultura. Pero realmente el interés es en construir hoteles, restaurantes, sin importar la destrucción de los sitios arqueológicos”, señaló Shady para Infobae Perú. Este panorama, según explicó, se agrava por la falta de políticas que aseguren la continuidad de los proyectos de conservación.
Mientras las autoridades cambian y los presupuestos se reducen, el equipo continúa su labor bajo condiciones adversas. El reconocimiento internacional de Caral como Patrimonio Mundial en 2009 le dio visibilidad mundial, pero también atrajo intereses privados. La presencia de maquinaria, la ausencia de policías y el incremento de los precios de la tierra configuran un escenario donde la investigación arqueológica se enfrenta cada día a riesgos mayores.
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