Una investigación fiscal y una alerta al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) han puesto bajo escrutinio a ‘Puma Air’, una empresa aeronáutica con operaciones en Perú, pero que cuenta con un detalle relevante para el sector de Defensa: está vinculada a un exmilitar chileno que declaró públicamente sus vínculos con el ejército del país vecino.
El caso de ‘Puma Air’ no solo ha causado alerta por sus vínculos con un país vecino, sino que además fue capaz de arrendar un amplio espacio en el Ala Aérea 2 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), una de las instalaciones militares más importantes del país.
Bandera chilena en ‘Puma Air’
La empresa ‘Puma Air’ es representada por el exmilitar chileno Walton Humberto Mery Pinto, quien obtuvo todos los permisos necesarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes (MTC), por lo que cuenta con la autorización necesaria para operar en territorio peruano y arrendar 271 metros cuadrados dentro de la base aérea.
Sin embargo, en la DINI ya están analizando si este acceso y la actividad de la empresa dentro del sector energético representan una posible infiltración extranjera bajo sospecha de espionaje. La alerta se activó tras descubrirse que la compañía opera aeronaves en ubicaciones estratégicas del país y ha logrado vínculos contractuales con empresas que proveen servicios esenciales como gas y electricidad para buena parte del territorio nacional.
La identidad y los antecedentes militares de su representante, Walton Humberto Mery Pinto, son ahora objeto de una investigación formal.
Bajo la lupa de la Fiscalía
Las indagaciones sobre ‘Puma Air’ indican que, aunque la empresa especializada en soluciones de transporte y trabajo aéreo, se presenta como una firma con sedes en Santiago de Chile como en San Isidro, en Perú; su estructura accionarial y los mecanismos a través de los cuales obtuvo contratos y permisos han levantado sospechas.
El caso también es materia de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción desde agosto de 2024, bajo la hipótesis de un posible tráfico de influencias que habría afectado a los intereses del Estado. La participación del exmilitar chileno en gestiones ante la DGAC, pese a que no figura en documentos públicos empresariales, agrava la preocupación de las autoridades.
Uno de los puntos clave del caso es que, según la Ley de Ética Civil, la participación extranjera en una aerolínea peruana no puede superar el 70% del accionariado, con el objetivo de preservar la seguridad nacional.
Documentación del caso sugiere que la empresa habría cumplido el requisito del 66,54% de capital extranjero, pero esto no ha evitado las dudas sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de los permisos y el impacto en la soberanía nacional.
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