Una polémica propuesta legislativa ha encendido el debate sobre el servicio de transporte en el país. El congresista Edgar Tello, de la bancada Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley N.º 11850/2024-CR, el cual plantea que conductores con brevete A-I —habilitada para vehículos particulares— puedan operar como taxistas, sin necesidad de contar con una licencia profesional A-IIa, actualmente exigida por la normativa vigente.
Según el documento oficial, esta iniciativa busca promover la formalización del servicio de taxi y ampliar las oportunidades laborales, sobre todo para quienes hoy trabajan a través de aplicativos sin regulación específica.
Entre los requisitos propuestos para los conductores A-I figuran: no registrar infracciones graves o muy graves en el último año, contar con autorización municipal vigente, aprobar un curso básico de seguridad vial y atención al usuario, así como tener el vehículo inscrito y con el SOAT y la inspección técnica al día.
Advierten riesgos para la seguridad vial
No obstante, diversos especialistas han manifestado su preocupación por los posibles efectos negativos de la medida. Franklin Barreto, exjefe de la División de Tránsito de la Policía Nacional, aseguró que la licencia A-I no garantiza la formación ni la experiencia necesarias para ofrecer un servicio público de transporte de pasajeros. Subrayó que no basta con tener un historial sin infracciones: “No tener papeletas no significa manejar bien”, advirtió.
En la misma línea, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, alertó sobre el riesgo de permitir que conductores sin experiencia comprobada puedan operar como taxistas, en especial en contextos urbanos complejos como Lima. “Muchos obtienen su licencia a los 18, pero no manejan durante años. No hay una garantía de que tengan práctica real al volante”, señaló.
Posible retroceso en la fiscalización del servicio
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es que plantea devolver a las municipalidades provinciales —incluidas Lima y Callao— la facultad de autorizar el servicio de taxi, una competencia que actualmente está en manos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, afirmó que este cambio podría debilitar la fiscalización y generar una sobreoferta de taxis, afectando la calidad del servicio y contribuyendo a una mayor congestión vehicular.
Por su parte, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, también criticó la propuesta al considerar que refleja la falta de un sistema de transporte urbano estructurado. Para él, este tipo de medidas solo promueven soluciones parciales como el taxi informal o el auto colectivo, sin abordar los problemas de fondo que enfrenta el país en materia de movilidad urbana.
Formación deficiente y falta de control
Otro aspecto clave señalado por los especialistas es la baja exigencia en la formación de los conductores A-I. Actualmente, este tipo de licencia se otorga por un periodo de hasta 10 años sin necesidad de evaluación intermedia ni actualización en normativas de tránsito. Para Quispe Candia, lo ideal sería implementar un sistema de revisión periódica, similar al de otros países, donde la licencia se renueva cada pocos años, garantizando que el conductor mantenga conocimientos actualizados.
Los expertos coinciden en que, si bien es necesario formalizar a miles de taxistas informales y ofrecer empleo a más personas, no debe hacerse a costa de reducir los estándares mínimos del servicio de transporte público. La seguridad vial, la calidad del servicio y la capacitación de los conductores deben ser elementos no negociables en cualquier reforma del sector.
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