
Una Resolución Suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano autoriza que el jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, Gonzalo Eduardo Borda Pérez Albela, deje su cargo al lado de la presidenta Dina Boluarte y pase al Ministerio de Defensa a raíz de una propuesta presentada por la Fuerza Aérea del Perú.
Gonzalo Eduardo Borda Pérez Albela asumió el cargo en Palacio de Jefe de la Casa Militar y de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno en agosto del 2024 y fue uno de los funcionarios que facilitó el ocultamiento de la información relacionada con la ruta del ‘cofre’.
Según reveló Cuarto Poder en septiembre del 2024, Eduardo Borda Pérez Albela firmó documentos que permitieron que esta información sobre la presidenta Boluarte sea considerada como ‘Reservada’.

Esto impidió el acceso a las rutas del vehículo presidencial en las fechas en las que presuntamente la mandataria habría facilitado la fuga del prófugo líder de Perú Libre, acusado de corrupción, Vladimir Cerrón.
Ley de Transparencia usada para ocultar información
La información sobre el ‘cofre’ fue ocultada detrás de documentos oficiales firmados por Enrique Vílchez Vílchez, ex secretario general de Palacio de Gobierno, y Gonzalo Eduardo Borda Pérez Albela, ahora ex jefe de la Casa Militar.
Ambos funcionarios argumentaron que su decisión de calificar estos datos como ‘Reservados’ se basó en la identificación de “amenazas y vulnerabilidades” que podrían poner en riesgo la seguridad de Boluarte, pese a que la información solicitada estaba relacionada con una ruta recorrida por el vehículo en febrero del 2024, varios meses antes.
En marzo del 2025, el medio independiente La Encerrona señaló que este mecanismo ya fue utilizado para bloquear solicitudes de información de varios medios de comunicación, quienes usaron la Ley de Transparencia para obtener datos cruciales sobre temas sensibles. Uno de los incidentes documentados por el portal ocurrió en mayo de 2023, cuando Perú21 solicitó el registro de visitas a la residencia presidencial.
El requerimiento, sin embargo, fue rechazado y clasificado como parte del Plan de Seguridad de Palacio. Cabe señalar que dicho plan es elaborado por la Casa Militar en colaboración con la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, y se actualiza conforme a las circunstancias que afectan la seguridad de la presidenta.
El Caso Cofre
El caso tuvo origen tras la difusión de un audio atribuido al oficial PNP Junio Izquierdo Yarlaqué, conocido como ‘Culebra’, y al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En dicha grabación se señala que Vladimir Cerrón habría utilizado el vehículo presidencial para evadir un operativo policial y facilitar su fuga.
En enero del 2024, cuando el entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, afirmó haber recibido información relacionada al paradero de Vladimir Cerrón, quien se habría escondido en el condominio Mykonos, ubicado en el distrito de Asia, en la provincia limeña de Cañete.
Al momento de realizar una intervención policial en el lugar, no había señales del prófugo líder de Perú Libre y afirmó que información del operativo fue filtrada.
Para marzo, un informe de Punto Final reveló que en febrero, un mes luego del operativo, dos vehículos vinculados a la presidenta Dina Boluarte fueron vistos a las afueras del condominio Mykonos. Tenían las placas EGR-844 y EPF-852 y se encontraban “en comisión de servicio” pese a que no se registró una actividad oficial entre el 24 y 25 de febrero.
La presidenta Dina Boluarte se quedó sola y sin resguardo policial durante casi 30 horas en ese lugar.
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