“Aquí hay el trauma de Nadine. Yo que culpa tengo”. Con estas palabras, el expresidente Martín Vizcarra exponía sus alegatos contra el pedido de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público.
Tras una audiencia que se prolongó hasta altas horas de la noche, el juez Víctor Alcocer declaró infundado el requerimiento del Ministerio Público. Así, al menos por ahora, Vizcarra Cornejo se salvó de la cárcel.

Para el abogado penalista, Andy Carrión, el fallo judicial, fue “acertado”. El letrado explicó que al no haber una sentencia condenatoria, hasta el momento, el juez consideró que no podía imponerse una restricción de libertad.
En ese sentido, también consideró que se valoró la actitud de Vizcarra de colaborar con la justicia y someterse a todas las normas de conducta a lo largo del proceso.
“(...) En segundo lugar, de que el propio Martín Vizcarra se ha sometido a la investigación y también al juicio. Pero, lo más importante es de que el juez resaltó de que Martín Vizcarra entregó su pasaporte diplomático al juzgado, así como su pasaporte biométrico, lo que reduciría el riesgo de fuga”, declaró en RPP.
En esa misma línea, el abogado penalista Francisco Álvarez calificó como “decisión salomónica” el fallo que declara infundado el pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.
Para Álvarez, la decisión del juez no quiere decir que Vizcarra no puede escaparse, reconoce el riesgo de fuga, pero no cree que sea tan alto y esa es la razón por la que se le impuso normas de conducta, como el impedimento de salida y la entrega de su pasaporte diplomático.

“Es bueno tener un magistrado que sepa hacer un contrapeso. (...) Yo lo podría sintetizar como una especie de empate, porque el mismo magistrado está otorgando ciertas restricciones. Es verdad que no le dio la prisión preventiva, que el fiscal entiendo la pide, como lo dijo Vizcarra, por el efecto Nadine”, señaló en Exitosa.
El abogado indicó que el fiscal Juárez Atoche quería evitar una fuga, porque al igual que ocurrió con Nadine Heredia, el proceso de Vizcarra está por terminar.
¿Por qué investigan a Martín Vizcarra?
El expresidente Martín Vizcarra enfrenta un juicio oral por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011–2014). La Fiscalía lo acusa de haber recibido más de dos millones de soles en sobornos para favorecer a empresas privadas en la adjudicación de dos obras clave: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.
De acuerdo con el Ministerio Público, Vizcarra habría recibido un millón de soles del consorcio Obrainsa-Astaldi, beneficiado con la licitación de la Línea de Conducción N.° 1 Jaguay – Lomas de Ilo, adjudicada a fines de 2013. Esta obra buscaba mejorar el sistema de riego en la provincia de Ilo.

En el segundo caso, la Fiscalía sostiene que el entonces gobernador habría aceptado S/ 1.3 millones de forma irregular a cambio de facilitar el proceso para la “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2”. Parte del dinero habría sido entregado por Rafael Granados, representante de ICCGSA, a través del exministro de Agricultura José Hernández, quien presuntamente actuó como intermediario.
Ambos proyectos representaron inversiones millonarias en infraestructura pública regional y, según la tesis fiscal, estuvieron marcados por actos de colusión entre funcionarios y empresas contratistas.

Este proceso ha sido considerado por expertos en derecho penal como uno de los más importantes que se sigue contra un expresidente peruano en la última década. La Fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio y una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos. Además, se planteó una medida de prisión preventiva que fue finalmente desestimada por el Poder Judicial.
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